Una ley “histórica”, precedida de un acuerdo “histórico”, que marcaba un hito “histórico”. Todo se presentó como “histórico” en la ley de vivienda aprobada en abril de 2023. Emplearon idéntico adjetivo desde el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (PSOE), hasta la líder de Podemos, Ione Belarra, pasando por todo un catálogo de figuras de la izquierda gubernamental. Su diagnóstico coincidía en lo esencial: al fin las fuerzas progresistas habían estampado su sello en el mercado de la vivienda. No había sido fácil. La ley salió tras múltiples choques en el seno del Gobierno y bajo la presión tanto del movimiento por el derecho a la vivienda –que empujó para la aprobación de la norma y la acabó recibiendo con escepticismo– como de un incesante carrusel de datos que constataban los estragos sociales por los precios elevados. Pero, a tenor de sus promotores, años de negociaciones entre tiranteces habían merecido la pena. Llegaba “un cambio de paradigma”, dijo Sánchez.
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