El Club de Exportadores e Inversores Españoles se ha mostrado en contra de la directiva europea sobre diligencia debida en las cadenas de suministros, puesto que resulta “impracticable” exigir que las empresas de la Unión Europea sean responsables de los incumplimientos que ocurran a escala global en las cadenas de suministro.
El pasado 24 de abril el Parlamento Europeo aprobó esta directiva que establece un marco legal que exige a las empresas que sus proveedores –y los proveedores de éstos– no incumplan derechos humanos y medioambientales en sus operaciones ordinarias.
El ámbito de aplicación de la directiva afecta a las compañías europeas con más de mil empleados y un volumen de negocios neto a escala mundial superior a 450 millones de euros en el último ejercicio. Asimismo, también afectará a aquellas constituidas en un tercer Estado –pero que operen en la UE– y que tengan una facturación neta en la Unión Europea superior a 450 millones de euros en el ejercicio anterior al último año financiero.
Pese a que no existen regulaciones específicas para las pequeñas y medianas empresas, sí que se verán afectadas en el caso de que sean proveedoras de grandes empresas europeas. “Si estas pymes carecen de los medios para cumplir con estas políticas por sí mismas, la empresa principal será la responsable y tendrá que brindarles apoyo”, explica el Club en una nota informativa publicada este martes.
Por tanto, este texto ha despertado una reacción adversa en numerosas asociaciones empresariales entre los Estados Miembros, que el Club de Exportadores e Inversores Españoles “comparte plenamente”: “La publicación de leyes de este tipo evidencia la creciente carga regulatoria y burocrática que soportan las empresas europeas, que aumenta sus costes y reduce su competitividad internacional”.
Asimismo consideran que aunque el objetivo que se persigue es “loable”, esta directiva crea un “verdadero obstáculo al comercio y debilita a las empresas europeas”.
El Club de Exportadores sostiene que es “rechazable” el alcance de la responsabilidad civil prevista, puesto que resulta “impracticable” exigir que las empresas de la Unión Europea sean responsables de los incumplimientos que ocurran en sus cadenas de suministro a escala global.
Y es que la organización ha advertido que la globalización conlleva que un proveedor de una empresa europea puede tener, a su vez, cientos o miles de proveedores situados en diferentes países fuera de la Unión Europea. “El coste de llevar a cabo ese obligatorio ‘due dilligence’ puede ser prohibitivo especialmente para las pymes”, explican.
“Esto podría derivar en una gran cantidad de riesgos a menudo imprevisibles”, han avisado los expertos. En este sentido, han señalado que esta directiva puede provocar un aumento de la deslocalización de la producción de países emergentes; así como posibles represalias o penalizaciones por parte de los países en los que las empresas europeas deben supervisar el cumplimiento de las medidas impuestas. “Todo ello podría resultar en la pérdida de la principal fuente de dinamismo y generación de riqueza de la UE”, han alertado.
“Asimismo es criticable, ha afirmado el Club, la falta de excepciones de la directiva, incluso para las relaciones de suministro dentro del ya altamente regulado Mercado Interior Único”, aseguran en su nota.
La experiencia en otros países europeos como Alemania, donde ya se han implementado obligaciones de debida diligencia similares a las impuestas por la directiva, “ha revelado el insoportable peso adicional que estas medidas pueden representar” para las pymes.
Finalmente, el Club ha subrayado que “situar a las empresas europeas en una óptica de sospecha generalizada resultaría contraproducente en la realidad, y una directiva de cadena de suministro de este tipo empeoraría aún más la pérdida de sustancia económica en la UE”.
