Las competencias del Estado central, en una España de las Autonomías, no pueden estar al albur de las urgencias electorales del Gobierno de turno. Por eso suelen establecerse en la Constitución. Para no hacerlas inamovibles, pero exigir, para modificarlas, amplios consensos políticos. Para impedir, por ejemplo, cesiones competenciales como las incluidas en el acuerdo con ERC que, tal como está redactado, es un concierto económico. No es “lo mismo que ahora” (cesión del 50% del IRPF) pero incrementado hasta el 100%, porque ahora, el Estado central legisla, inspecciona y recauda todo el IRPF, e incluye la mitad de lo recaudado en Cataluña como parte de su financiación a la Generalitat, según el modelo común. El acuerdo significa que la Generalitat legisla, inspecciona y recauda todo el IRPF en Cataluña y discute con el Gobierno central cuál es la cuota que le transfiere, en un modelo de financiación singular solo para Cataluña, algo rechazado, hasta ahora, por el PSOE, y el mayor triunfo político del independentismo, tras su peor resultado electoral.
