El Congreso ha dado el primer paso para disolver la Fundación Francisco Franco. Lo hace en un intento de «ayudar» al Gobierno, que era el encargado, en cumplimiento con la Ley de Memoria Democrática aprobada en 2022, de dar este paso. La citada ley mandataba que en un año estuviese lista la reforma de la Ley Reguladora del Derecho de Asociación. Para ello, el Ejecutivo tendría que haber impulsado un proyecto de Ley. En este año, el Gobierno ha renunciado a ello en su Plan Normativo y ha usado al Grupo Socialista en el Congreso para llevar a cabo la modificación a través de una proposición de ley. De esta manera, se hurta de los informes consultivos preceptivos y a los grupos parlamentarios de la capacidad legislativa para ello. La ley que prevé disolver la Fundación Franco, contó con 314 votos a favor de los socios habituales del Congreso y el PP y 33 en contra de Vox.
Con la reforma, se incluirá una disposición adicional para incluir en la ley de asociación la disolución de cualquier fundación que realice «actividades que constituyan apología del franquismo». Según quedará reflejado en la ley, la apología se identificará de varias maneras; a quienes ensalcen «el golpe de Estado de 1936 o la dictadura posterior» o enalteciendo a sus dirigentes con «menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas del golpe, la guerra civil o el franquismo» o mediante la «incitación directa o indirecta al odio, la violencia contra las mismas o por su condición de víctimas». Además, la disposición especifica que la disolución se realizará mediante resolución judicial y que corresponderá al Ministerio Fiscal «el ejercicio de la acción en este tipo de procesos».
Una ley que, pese al consenso de los grupos que apoyan al Gobierno, fue objeto de un tenso debate. El diputado socialista Díaz Marín buscó que los populares se retrataran con su voto. «Deben decir si están a favor o en contra de la apología del franquismo», dijo para después de cargar contra los «negacionistas de la memoria». Por parte de Vox, el diputado Ignacio Hoces vinculó a los socialistas con «golpes, crímenes y torturas». Criticó al PSOE por estar «obsesionado» con Franco y acusó a los de Sánchez de ser «responsables directos de la Guerra Civil del 36». En su turno de réplica, el socialista le contestó irónico. «Esto no es una competición para ver quién es más facha». Junts y ERC advirtieron de que la aplicación de la reforma de la Ley dependerá de «cómo interpreten» los jueces la ley, a los que vinculó al franquismo.
Sin duda, el momento más acalorado del debate fue en el turno del PP, cuando el diputado Jaime de Olano aseveró desde la tribuna que «hay caso Begoña Gómez», «corrupción en La Moncloa». También reprochó a los socialistas ser quienes «mantienen viva la memoria de Franco». «Es su comodín, a pesar de llevar 40 años muerto», censuró el diputado Jaime de Olano, que reprochó al PSOE no condenar a los «dictadores vivos» y de participar en manifestaciones de apoyo a Hamás. Además, el dirigente popular preguntó en qué «clase de estercolero moral ha convertido Pedro Sánchez al PSOE» y llamó «sinvergüenza» al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en el marco de la tensión interna que vive el PSOE ante su Congreso federal.
