El Pleno del Consejo de Cuentas entregó este mediodía al presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán, la Memoria de actividades de la Institución correspondiente a 2023, dando así cumplimiento a la Ley reguladora de la institución.
El documento que le fue entregado por el presidente, Mario Amilivia, contiene los datos fundamentales sobre apartados como la organización y funcionamiento, función fiscalizadora, relaciones institucionales, comunicación o administración de un ejercicio en el que se celebraron 13 plenos, se aprobaron 15 informes de fiscalización y en el que se contabilizaron 13 comparecencias del presidente ante la Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento autonómico, lo que representó un nuevo récord en la trayectoria del órgano fiscalizador del sector público autonómico y local.
En los cinco años y medio del presente mandato, Amilivia ha comparecido en 52 ocasiones con un total de 127 auditorías, lo que representa ya el 44% de toda la serie histórica.
En las 13 comparecencias del año 2023, se presentaron 22 informes, además del Plan Anual de Fiscalizaciones. A todo ello, con la presentación ante la Comisión de Economía y Hacienda del informe sobre el seguimiento de las 80 recomendaciones efectuadas por el Consejo de Cuentas a los entes fiscalizados, se completa el ciclo parlamentario del control externo realizado sobre la gestión económica y financiera de la Administración autonómica y la local (con sus casi 5.000 entidades) que representan conjuntamente un volumen global de 16.000 millones de euros anuales.
En este sentido, hay que recordar que el sector público de Castilla y León que fiscaliza el Consejo de Cuentas está integrado por 2.248 ayuntamientos (que representan el 28% del total de municipios de la nación); 9 diputaciones, 1 Consejo Comarcal, 276 mancomunidades y otras entidades y 2.214 entidades locales menores.
En esta línea, el informe de recomendaciones aprobado en 2023 pone de relieve que el grado de aceptación de las 80 registradas a los entes fiscalizados por el Consejo en los informes de 2022 se situó en el 65%, es decir, dos de cada tres fueron asumidas. Concretamente, se aplicaron de forma íntegra o parcial un 56% de ellas, el mejor porcentaje de la serie histórica junto al registrado en 2019.
Un amplio reconocimiento a la auctoritas del Consejo que tiene su reflejo en la mejora de la gestión de los recursos públicos, en el derecho a una buena Administración reconocido en el marco del Estatuto de Autonomía y de la legislación básica del Estado.
En los cinco años y medio del presente mandato el Consejo ha realizado más de 700 recomendaciones, de las más de 2.400 efectuadas en toda la serie histórica.
Por otra parte, el índice de rendición de cuentas por las entidades locales de Castilla y León, especialmente de los ayuntamientos, se sitúa por encima de la media de las comunidades autónomas. En concreto, habían rendido sus cuentas el 74% de ellos al cierre del ejercicio y en la actualidad han cumplido con esta obligación más del 86%, singularmente los de las provincias de Salamanca y Zamora, con el 89%, y de Palencia y Valladolid, el 88%.
Entre los plenos de 2023, cabe señalar los celebrados en Astorga y Carracedelo con lo que se prosiguió, un año más, la pauta estratégica de acercar la difusión del trabajo de la institución a toda la Comunidad.
Con relación a su función fiscalizadora, el Consejo emite informes anuales y específicos, actuando con plena independencia de los entes sujetos a fiscalización. De esta manera, entre los 15 informes aprobados por el Pleno en 2023 y comunicados al Parlamento destacaron, por su trascendencia, algunos como el de análisis de la gestión del programa presupuestario de deuda pública de la administración de la Comunidad, que puso de manifiesto la existencia de una infrafinanciación media de 395 millones de euros anuales en el periodo 2009-2021, apelando, por ello, a la revisión del sistema de financiación autonómica.
También, cabe reseñar la fiscalización financiera de la Gerencia Regional de Salud, con especial referencia a los pagos realizados como consecuencia del contrato para la construcción y gestión del Hospital Universitario de Burgos, que reveló cómo se dispararon los gastos sanitarios por el impacto de la pandemia, llegando a representar hasta el 38% del gasto de la Comunidad en 2020.
Añadir, además, por su indudable importancia, los informes de análisis del impacto en el sector público local de la suspensión de las reglas fiscales en la etapa 2018-2021 y el del impacto, también entre las entidades locales, de las reformas que se impulsaron por el Impuesto sobre el Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana en la etapa 2017-2023.
Además, anotar otros trabajos aprobados como los del análisis de seguridad informática de los ayuntamientos de León, Salamanca y Valladolid, a los que se añadirán los que se están finalizando en la actualidad, dentro del actual Plan Anual de Fiscalizaciones para completar las capitales de provincia, en el caso de los de Segovia, Soria y Zamora. Se trata de auditorías operativas que están verificando el
funcionamiento de los controles básicos de ciberseguridad implantados por estas entidades y, en función de los resultados, proponer recomendaciones de mejora con las que, según viene constatando el Consejo de Cuentas, se está promoviendo un “cambio positivo”.
En cuanto a las relaciones de coordinación entre el Tribunal de Cuentas, el Consejo de Cuentas y los demás órganos autonómicos de control, durante el pasado ejercicio impulsaron dos plataformas para el impulso de la administración electrónica, una de gestión de auditoría (FISCALICEX), que abarcará todo el proceso de gestión y tramitación de las fiscalizaciones, y otra (FISCONEX), con la que se busca una mayor eficiencia en la remisión de los contratos del sector público estatal y autonómico automatizando dicho proceso.
La aprobación de la Memoria se produjo con el Pleno en funciones, una vez cumplido el 23 de enero de 2023 el periodo de mandato de 4 años legalmente establecido para los consejeros, sin perjuicio de la posibilidad de su reelección, competencia de las Cortes. En todo, caso, como establece la ley, actuando con plena normalidad.
En conjunto, se puede legítimamente afirmar que el control externo ejercido por el Consejo de Cuentas contribuye a reforzar las garantías de derechos de las personas de la Comunidad, especialmente en lo referido al gasto público.
