El Constitucional ha anulado por 7 votos a 5 parte de la ley catalana de Vivienda, por estimar que invadía competencias estatales. La sentencia dictada implica, por tanto, una estimación parcial del recurso que presentó el grupo parlamentario del PP contra dicha norma. Los votos en contra —partidarios de una anulación más amplia— han correspondido a cinco integrantes de la minoría conservadora del tribunal. Entre los preceptos anulados figura el que obligaba a ofrecer una vivienda de alquiler social antes de ejecutar un desahucio, al estimar el tribunal que esa regulación correspondería en todo caso a la legislación estatal. También se anula el precepto que fijaba el derecho de una familia en situación de exclusión a renovar por una vez su contrato de alquiler social.
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