En la escala de escándalos que el Gobierno ha ido encadenando día tras día a lo largo de esta convulsa legislatura, hay uno que posiblemente ocupe por méritos propios el primer lugar junto con la amnistía concedida a los independentistas catalanes a cambio de un puñado de sus votos. No es el que sacude a Begoña Gómez o al hermano del presidente, ambos estéticamente feos pero jurídicamente puede que hasta exonerables. Tampoco lo son los virajes interesados de la política exterior, los exabruptos del ministro Óscar Puente mientras los transportes públicos hacen agua y los viajeros se desplazan hacinados como sardinas en lata, o los negocietes que se traía entre manos la directora del Instituto de las Mujeres, Isabel García, a cuenta de la supuesta lucha por la Igualdad. Ni siquiera la degradación permanente que sufren servicios públicos como la Sanidad, la Educación o la Dependencia, los agujeros abiertos en las cuentas de la Seguridad Socia, la deuda disparatada de las administraciones, la nefasta política migratoria o la supuesta ley de regeneración democrática, a la que debería denominarse ley mordaza por el burdo intento que esconde de silenciar a los medios díscolos con el poder establecido. No, el principal escándalo es la fagocitación de las instituciones con las consecuencias que se derivan de ello. Los que aseguraban querer salvaguardar al Poder Judicial de injerencias políticas pusieron rápido la mira en el Tribunal Constitucional con el ánimo de colonizarlo y poner coto precisamente desde él a ese Poder Judicial. Con el apoyo de los llamados magistrados «progresistas», los condenados por el mayor escándalo de corrupción de la historia de la democracia, el de los llamados ERES de Andalucía, han visto borrados sus delitos. Otra cosa no, pero el PSOE garantiza siempre la impunidad para los que actúan en su órbita, de ahí la lealtad incondicional que le profesan los que luego aspiran a beneficiarse. Lo ocurrido en torno a los ERE es grave no sólo por dar carta de legitimidad a un saqueo institucional que explica en parte la eterna permanencia de Andalucía en el furgón de cola del panorama económico español y del que a duras penas está logrando salir hoy. Lo grave es el mensaje que lanza: el de que hagas lo que hagas no te pasará nada si eres de los míos, porque tarde o temprano te rescataremos. La colonización del máximo garante de la Constitución pervierte el normal funcionamiento de los tribunales de justicia y subvierte los valores que deberían apuntalar la democracia: lo que interese al partido en el poder será Constitucional y lo que no, no lo será, lo que equivale a augurar ya sin que quepan sorpresas que la amnistía será válida, así como cualquier ley que dicte el Gobierno, por muy perversa que sea. Esta conquista de instituciones no se detiene aquí, y los tentáculos del PSOE se extienden ya como si de una metástasis se tratara por otros órganos, organismos y empresas, reforzando así su posición de poder y de dominio sobre la sociedad en su conjunto. Los inmigrantes que acudieron a nuestro país hace años buscando el futuro que allí se les negaba se encuentran ahora con un porvenir que se parece al pasado del que huían. No son pocos los que comparan la situación que había en la Rumanía comunista o en la Argentina de los Kitchner con lo que empiezan a ver aquí. Y no ocultan su miedo.
