Con la normativa actual, los beneficiarios de ayudas asistenciales están obligados a informar a la Administración cuando reciben nuevos ingresos. “Sin embargo, y a pesar de comunicarlo, las entidades gestoras tardan meses, incluso años, en revisar la prestación y cuando lo hacen reclaman la devolución de todo el periodo”, lamenta el Defensor del Pueblo en un comunicado distribuido este martes. Ante este problema, que se traduce en un gasto a veces inasumible para familias vulnerables, la institución que dirige Ángel Gabilondo ha tomado cartas en el asunto. El Defensor del Pueblo ha trasladado al Ministerio de Seguridad Social “la necesidad de abordar la modificación del artículo 55 de la Ley General de la Seguridad Social que señala que ha de reclamarse, en todos los casos, cobros indebidos de prestaciones sociales”. Pone el foco en el Ingreso Mínimo Vital (IMV), pero extiende la petición a otro tipo de prestaciones asistenciales.
