Al margen de lo anacrónico y erróneo de conmemorar el 11 de septiembre como la fiesta nacional de Cataluña –caída de Barcelona en manos de las tropas borbónicas al mando del duque de Berwick durante la Guerra de Sucesión Española el 11 de septiembre de 1714–, se sitúa en el artículo de Josep Narcís Roca i Farreras publicado en 1886, «Ni espanyols ni francesos», la primera referencia nacionalista e independentista de la historia. Desde aquel momento, y especialmente desde 1922 con la celebración de la Conferencia Nacional Catalana, España ha convivido, en términos orteguianos «conllevado», con el «problema catalán». El propio Ortega y Gasset nos decía con la ya famosa frase: «Sostengo que el problema catalán, como todos los parejos a él, que han existido y existen en otras naciones, es un problema que no se puede resolver, que sólo se puede conllevar». Desconozco si tiene solución, pero para hallarla lo primero es identificar la magnitud del problema. Si lo reducimos a términos cuantitativos, resulta que menos del 5% de los catalanes ven posible la independencia y la apoyan menos del 35%, mientras que en el resto de España es abrumadora la mayoría que respalda la integridad de la Nación española. En términos cualitativos, y con un gran reduccionismo, podemos situar el problema catalán en la definición de Cataluña como una nación integrante de un estado plurinacional, algo incompatible con la actual redacción del artículo 2 de nuestra Constitución. El desarrollo autonómico del estado español es un tema complejo y ha evolucionado significativamente desde la transición democrática. Recordemos que el sistema autonómico español se originó en la Constitución de 1978, fruto de un pacto entre los principales partidos políticos, como la UCD, el PSOE, el PCE y otros, que buscaban una fórmula para descentralizar el poder y reconocer la diversidad cultural y regional de España. Durante las primeras décadas, el modelo autonómico se desarrolló a través del consenso entre los partidos mayoritarios, lo que permitió la creación de 17 comunidades autónomas con distintos niveles de autogobierno. Con el Estatuto de Cataluña de 2006 se produjo un punto de inflexión; el partido socialista abandonó este consenso, sacrificándolo por un acuerdo con nacionalistas hoy independentistas, que de forma confesa quieren acabar con la Constitución y el régimen que instituyó. Los acuerdos recientes entre el PSOE y los partidos independentistas en el contexto de la investidura y gobernabilidad han dinamitado el consenso histórico que permitió la creación y estabilidad del Estado autonómico. Este tipo de acuerdos son percibidos por una gran mayoría como una deslealtad constitucional, se consiguen con partidos que no representan a la mayoría de los españoles y que persiguen agendas que buscan desestabilizar el consenso territorial y político. En este escenario, y al margen del escepticismo de Ortega, la solución pasa por recuperar el consenso entre los dos grandes partidos nacionales, el PP y el PSOE, que han representado y representan una amplia mayoría de la población española. Un consenso renovado entre PP y PSOE restablecería la estabilidad política y territorial, debilitando las posiciones independentistas al presentar un frente unido y coherente en defensa de la unidad y el modelo autonómico del Estado. Cualquier reforma o desarrollo del Estado autonómico debe hacerse dentro del marco constitucional y con lealtad a los principios de la Constitución. La clave está en encontrar un equilibrio que permita la integración de las diversas regiones y culturas dentro de un proyecto común, garantizando la cohesión territorial y social de España. Hoy por hoy esto parece imposible; quien ha abandonado el consenso no parece muy animado a volver al mismo y a la defensa de la integridad constitucional, pero ir contra el principio de realidad tendrá su ajuste democrático.
El desafío independentista
