Pau, de 18 años, acabó el bachillerato en junio y su intención era seguir estudiando en un ciclo formativo superior de Comercio internacional. Pero la nota no le ha llegado y se ha quedado sin plaza pública. Tenía la opción de esperar hasta el 12 de septiembre -justo el día que empiezan las clases en FP- para conocer las vacantes que quedan. Pero después debía presentar una nueva inscripción, esperar a la publicación de la lista de admitidos y matricularse la última semana de septiembre. Su madre, Maite, no ha querido esperar tanto. “Necesito organización y saber dónde va a estudiar”, admite. “A finales de julio, desesperada, empecé a llamar a todos los centros privados hasta que encontré uno”, prosigue. Pagó 500 euros de matrícula y ya ha calculado que tendrá que pagar un total de 7.000 euros en dos años. “Es una mala jugada para las familias porque te empujan a la privada. El Govern promociona la FP, pero después no ponen plazas públicas”, se queja esta madre.
