Inmersos en la actual sociedad de la información fruto de la revolución digital, corremos el riesgo de no prestar la atención debida a noticias que por no aparecer en los titulares de los grandes medios, parecen no ser merecedores de esa atención. Un ejemplo de ello, es el caso de la decisión del Ayuntamiento de la localidad valenciana de Mislata (46.000 habitantes), que gobierna un alcalde socialista ininterrumpidamente desde 2011, y que no es uno más de los muchos existentes en España, dado que es el secretario general de su partido PSPV-PSOE en la provincia de Valencia y el número dos en la Comunidad, que encabeza la ministra Diana Morant. Pues bien, este socialista de 42 años ha tomado la decisión de –en «aplicación de la ley de memoria histórica y democrática»– retirar del callejero municipal las dedicadas al Obispo de Barcelona Manuel Irurita y al político, diputado y miembro del Tribunal Constitucional de la Segunda República, Víctor Pradera. Conviene prestarle esta atención a esa –aparentemente intrascendente– noticia, dada la personalidad de esas víctimas de la Guerra Civil que fueron asesinados por milicianos frente populistas por el mero hecho de ser un ejemplar Obispo católico, el primero, y un destacado político de la derecha, el segundo. Que a dos relevantes representantes de una de las «dos Españas» de aquel tiempo, asesinados sin participar en la guerra, les sea retirada esa distinción–que obviamente no necesitan para ser debidamente reconocidos– ya define lo que esta infausta ley tiene de «democrática» y de «histórica». Esa actuación y esa ley, el Partido Popular tiene el deber de derogarlas nada más estar en condiciones de hacerlo; la primera dado el inexplicable y lamentable voto favorable a esa decisión adoptado por sus concejales en la Corporación municipal. Y la ley, por ser una auténtica enmienda de totalidad al espíritu de reconciliación nacional que inspiró la vigente Constitución de 1978. Sin duda, no pensarían los Constituyentes que aquel PSOE liderado por Felipe González y Alfonso Guerra pudiera caer en las manos de quienes se encuentra ahora, que no hacen honor
al pacto histórico que amnistió también al PSOE de Largo Caballero responsable de tanto daño a España. Ese PSOE, que tiene en la Comunidad Valenciana a dirigentes como ese alcalde que no habían nacido cuando se aprobó la Constitución y que posiblemente no sepa quién fue
el Obispo de Barcelona Irurita, mártir
de la persecución religiosa, y por supuesto, tampoco Víctor Pradera. Con estos mimbres estaríamos en una España como la que provocó una guerra civil. Y que algunos parecen querer una revancha ahora.
