De máxima actualidad estos días es la negociación del convenio del Estado con las aseguradoras para prorrogar el modelo Muface, que ha encallado y podría estallar. De ocurrir, el más de un millón y medio de funcionarios mutualistas que ahora son atendidos por la sanidad privada dejarán de estarlo para pasar en bloque a la pública. No se trata de una cuestión menor. Sabemos que los hospitales y centros sanitarios que dependen del presupuesto del Estado están abarrotados, empiezan a funcionar con relevantes deficiencias y adolecen de una programación de las listas de espera que es incompatible con una atención mínimamente aceptable para los pacientes.
Gracias a Muface, los funcionarios que quieren tienen acceso a la sanidad privada, mucho menos saturada, lo que produce un alivio importante en la pública. El problema es que el dinero que paga el estado a las aseguradoras privadas es claramente insuficiente para cubrir el coste del servicio, cada día más abultado. El Gobierno ha anunciado una «espectacular subida» de esa aportación, pero las empresas de seguros médicos entienden que es insuficiente, pues haciendo bien las cuentas no les vale para cubrir el coste de la prestación, por lo que seguirían acumulando pérdidas, de tal manera que incluso se pondría en riesgo su solvencia.
La sanidad privada teme que el Gobierno esté empeñado en dinamitar el sistema, pero echando la culpa a otros, como de costumbre. Dice el Ejecutivo que ha incrementado considerablemente la financiación a las aseguradoras, y que ya no hay más margen para subir esa aportación. De no aceptar las mutuas tan «generosa» subida, se daría por concluida la negociación, liquidando de facto un modelo que ha beneficiado a cientos de miles de funcionarios. El colapso de la más que inflada sanidad publica estaría entonces asegurado.
