Para Pedro Sánchez, su Gobierno ha sido «el más social» de la historia y el que «más ha protegido a los hogares más vulnerables». Así lo ha hecho público él y sus ministros en infinidad de ocasiones desde que la pandemia golpeó de lleno a la economía en 2020. Y así parecía claro tras el despliegue de ayudas, descuentos y planes sociales hasta la fecha para intentar minimizar la crisis del covid. Sin embargo, los datos aportados ayer por el Instituto de Estudios Económicos (IEE) dicen lo contrario o, al menos, acaban con buena parte de ese planteamiento. Lo han hecho con el informe «La libertad de empresa en España. Índice de Libertad Económica 2024», en el que constatan que las políticas de transferencias públicas del Gobierno de coalición han favorecido «mayoritariamente» a los tramos de rentas más elevados.
¿Por qué? Pues porque el 31% de este tipo de transferencias monetarias del Estado a los hogares –en el que se incluirían elementos como el bono social, el ingreso mínimo vital, la bajada del IVA de los alimentos, la reducción del precio de la gasolina, el recorte impositivo del recibo de las luz y, sobre todo, las prestaciones públicas, como el paro o las pensiones– se ha concentrado en el 20% de la población con las rentas más altas, el mayor porcentaje de todos los tramos, muy superior al 19% de media registrado en los países de la OCDE.
«El diseño y la implementación de este tipo de políticas podrían estar generando una mayor desigualdad de oportunidades e irían en contra de algunos de los objetivos que persiguen este tipo de políticas referentes a la equidad y a la justicia social», explicó el presidente del IEE, Íñigo Fernández de Mesa, que apuesta por «mejorar la política de redistribución de la riqueza» teniendo en cuenta que estas medidas han reducido el riesgo de pobreza tan solo 9,5 puntos porcentuales en España –de acuerdo con los datos de 2021–, lejos de los 20 puntos que se ha acortado en otros países europeos, «una cifra que deja en evidencia estas políticas sociales».
En este sentido, y con el fin de mejorar la equidad en la redistribución, el estudio apunta que «si se redujera este tipo de prestaciones al sector de población de mayor renta, en porcentaje similar al promedio registrado por los países de la OCDE, se alcanzaría una significativa mejora de la eficiencia de gasto». Según sus cálculos, reducir las prestaciones monetarias a la población más rica del 31% actual al 19% de la media de la OCDE, supondría una disminución del gasto público que equivaldría en torno a un 2% del PIB, lo que «mejoraría la equidad del sistema de ayudas y generaría una mejora de la eficiencia del gasto».
En base a los términos de eficiencia de este gasto, el «think tank» de la CEOE sostiene que «una redistribución ineficiente implica una asignación inadecuada de los recursos públicos destinados a programas de ayuda y transferencias sociales», porque son desviados hacia los grupos de rentas elevadas al universalizar las ayudas, «desperdiciando oportunidades de utilización de estos recursos en otras áreas prioritarias, como en un alivio de la presión fiscal o en una minoración del endeudamiento».
Por tanto, España se encuentra entre los países avanzados en donde el porcentaje de la población de mayor renta percibe un volumen de transferencias más elevado, tan solo por detrás de Portugal e Italia. La posición de España se encuentra «significativamente» alejada tanto de la media de la Unión Europea como de la OCDE, lo cual implica que «nuestra política redistributiva genera una menor igualdad de oportunidades» y «socava la eficiencia» de los programas de gasto público que se desarrollan con estas transferencias, «deteriorando, adicionalmente, nuestro equilibrio presupuestario y comprometiendo, en mayor medida, la sostenibilidad de nuestras finanzas públicas», incidió el director general del IEE, Gregorio Izquierdo, que insistió en que el sistema fiscal español tiene «una capacidad redistributiva inferior» en comparación con otros países europeos «por una mayor ineficiencia del sistema impositivo y de las prestaciones sociales». Un situación que se intensificó durante la crisis pandémica, sobre todo en 2019 y 2020, resultado de una política de redistribución «que no es selectiva, lo que perpetúa y dificulta la movilidad ascendente para aquellos que se encuentran en situaciones desfavorecidas».
El informe del IEE también concluye que «España tiene una deficiente posición en términos de libertad económica entre los países desarrollados», ocupando el puesto 55 de 184 del ranking global, muy alejado de las primeras posiciones y en una situación relativamente baja si se compara con las economías desarrolladas, penalizada por «el excesivo tamaño del Estado, que se ha sobredimensionado desde la pandemia, por el desequilibrio de nuestras finanzas públicas y por el aumento de la presión fiscal».
España, con un valor en el Índice de Libertad Económica (ILE) 2024 de 63,3 puntos, mantiene la posición 31 de 38 en el ranking de la OCDE, con una puntuación casi un 10% inferior a la del promedio de los países desarrollados, y un 23,7% inferior a la de Suiza, el país de la OCDE que presenta mejores prácticas en el ámbito de libertad económica. «La economía española se encuentra claramente alejada de la mayor parte de los países desarrollados y se ha mantenido estancada en la evolución de este índice durante este último periodo». En comparativa con la Unión Europea, España tampoco sale muy beneficiada ya que ha descendido una posición respecto al año pasado, ocupando, actualmente, la posición 23 de entre los 27 países comunitarios.
