La ministra de Sanidad, [[LINK:TAG|||tag|||633612e6ecd56e3616931ac7|||Mónica García]], ha decidido fiar su suerte a lograr plaza en la Organización Mundial de la Salud (SNS). Desde luego, el horizonte político que le espera en España no es sencillo. A la compleja situación que atraviesa el Gobierno al que pertenece por los escándalos de corrupción que la Justicia investiga, hay que sumarle el desprecio manifiesto que siente Junts hacia el sanchismo y su séquito y, particularmente, hacia los ministros de la izquierda radical que forman parte del Ejecutivo. Una vez obtenida la amnistía, no parece probable que Puigdemont preste su apoyo a la aprobación de leyes y, si lo hace, la norma con la que García iba hacer la gran bandera de la demagogia, la que trunca la colaboración público-privada, no se encuentra entre ellas.
Por si fuera poco, un interesante estudio acaba de echar por tierra los ataques politizados de la ministra a este modelo que, no se olvide, fue avalado por el PSOE en 1997. La autoría corresponde a la Cátedra Extraordinaria de Salud Sostenible y Responsable de la Facultad de Comercio y Turismo de la Universidad Complutense de Madrid. En él se concluye que los hospitales públicos gestionados por operadores privados ayudan a mejorar los resultados de los hospitales públicos en su conjunto. La «parasitación» que esgrime la ministra para tratar de hacer carrera en el organismo internacional no es tal y, por si fuera poco, los hospitales gestionados bajo este modelo presentan mejores resultados que la media de los hospitales públicos de gestión directa «en la mayoría de los indicadores analizados». Las fuentes son tan diversas como la Sindicatura de Cuentas de la Generalitat Valenciana o las listas de espera del Ministerio, especialmente sangrantes para el modelo público directo.
