Los agentes sociales no recuerdan un caso similar al del estatuto del becario: un texto que un ministerio acuerda con los sindicatos, lo presenta en sociedad y, después, no es aprobado por el Gobierno. Ni pasa por el Consejo de Ministros, ni mucho menos por el Congreso de los Diputados. Este sábado se cumple un año de aquella firma, que estamparon en la sala de prensa del Ministerio de Trabajo la responsable del departamento, Yolanda Díaz, y los líderes de UGT, Pepe Álvarez, y de CC OO, Unai Sordo. El rechazo del PSOE era el principal freno a la norma, que tampoco cuenta con el beneplácito de los socios parlamentarios, ni de la CEOE, ni de los rectores universitarios (Crue). El texto avanza en derechos para los estudiantes, ya que contempla la compensación de gastos en los que incurran y limita aún más las prácticas extracurriculares.