Jaque contra uno de los movimientos eclesiales de referencia en América Latina que se erigió para forjar «soldados de élite en el ejército de Dios». Este miércoles 14 de agosto trascendía un decreto del Dicasterio para la Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica de la Santa Sede que ordenaba la expulsión al laico Luis Fernando Figari Rodrigo, de 77 años, del llamado Sodalicio de Vida Cristiana, en latín Sodalitium Christianae Vitae, la plataforma católica que fundó en Perú hace 53 años y que cuenta con cerca de 20.000 adeptos en 25 países. Para hacerse una idea de su alcance, hoy se contabilizan unos 18.000 jesuitas, siendo la única orden de sacerdotes y hermanos más grande de todo el planeta.
La «decapitación» con supervisión directa de Francisco llega 24 años después de las primeras denuncias, fruto del trabajo a contrarreloj del «FBI» antiabusos del Vaticano, conformado por el arzobispo maltés Charles Scicluna y el secretario adjunto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, el español Jordi Bertomeu. Juntos han verificado, puesto en orden y destapado en tiempo récord lo que era un secreto a voces en el país andino y en Roma. La pareja de investigadores viajó en julio de 2023 a Lima para trabajar sobre el terreno y reunirse con una decena de víctimas. Este marzo, Bertomeu volvió a Lima para analizar «presuntas irregularidades financieras» en la entidad.
Hasta la fecha, nadie se había atrevido a hincar el diente dada la capilaridad de los tentáculos de Figari en esferas socioeconómicas y políticas. Hasta tal punto que se habla de una malversación de fondos que rondaría los 1.000 millones de euros. En la esfera eclesial, tal era su predicamento en el Vaticano que estuvo muy cerca de que uno de sus hombres de confianza, Germán Doig, subiera a los altares como beato, encubriendo sus abusos a cinco varones y una joven.
La concecpción clerical conservadora de Figari, vinculada a la ultraderecha política, escondía tras de sí a un depredador sexual y un maltratador hasta límites insospechados, perpetrando atrocidades psicológicas y físicas tales como azotar a sus seguidores con un látigo, quemar sus manos o aplicar una «liturgia» sexual para que recuperaran la pureza perdida.
Ahora, con su destierro eclesial, Roma busca «restablecer la justicia dañada» por Figari «a lo largo de muchos años» por ser «causa de escándalo y grave daño». Lo cierto es que, aunque en el año 2000 la primera víctima dio un paso al frente, solo en 2007 la opinión pública peruana comenzó a reaccionar cuando un «sodálite», Daniel Murguía, fue interceptado por la policía en un hotel con un niño de 11 años cuando se disponía hacerle unas fotos desnudo. Fue expulsado del grupo y pasó un año y medio en prisión. Con este precedente, a finales de 2010 Figari renunciaba como líder del movimiento, argumentando «motivos de salud». Lo cierto es que no fue hasta 2011 cuando el Tribunal Eclesiástico de Lima comenzó a estudiar las primeras denuncias. En septiembre de 2014 se adoptan las primeras medidas disciplinarias contra él. Más adelante, tras exiliarse en Roma en 2015 sí admitió «graves errores, fallas y ligerezas», pero nunca confesó haber abusado. Un año después el Sodalicio le declara persona «non grata» y en 2017 publica un primer informe en el que reconoce hasta 36 casos de abusos, 19 de ellos menores, cometidos por el fundador y cuatro de sus colaboradores entre 1994 y 2002. En 2018, Francisco ordena comisariar el Sodalicio porque considera de «notable gravedad» las informaciones sobre el «régimen interno, la formación y la gestión económica-financiera» más allá de los abusos.
Con Figari desterrado, ahora la incógnita está si el Sodalicio se salvará o caerá como su mentor. Hay precedentes en uno y otros sentido. Por ejemplo, los Legionarios de Cristo se han refundado en fondo y forma tras el escándalo de su iniciador, Marcial Maciel. «Es el fundador histórico, pero no es un referente espiritual para nuestra comunidad ni para la familia, defiende en un comunicado firmado por el hoy superior general del Sodalicio, José David Correa, que intenta desmarcarse de sus orígenes apelando a su «camino de renovación» a modo de acto de clemencia papal. Para el cardenal arzobispo emérito de Huancayo, Pedro Barreto, hay que cerrar el Sodalicio: «Cuando una organización religiosa ha delinquido, porque hay que decirlo así, desde el punto de vista de abusos sexuales y la parte económica, que hay también problemas, hay que disolverla; es el punto en que nosotros estamos y me consta que la Santa Sede está en ese camino».
En Doctrina de la Fe confirman a LA RAZÓN que Figari concibió toda la estructura del Sodalicio, desde sus estatutos hasta su organigrama, no como un servicio evangelizador, sino como una estructura encubridora: «No es que haya manzanas podridas, es el cesto el que está podrido de raíz, con tintes propios de una organización criminal mafiosa», alertan desde Roma. Desde el Sodalicio niegan este extremo.
Otro hecho reciente hablaría de la alargada sombra de Figari. Francisco destituía en abril al arzobispo de Piura, José Antonio Eguren, con 67 años, cuando la edad de jubilación episcopal se marca en los 75. Días después, el pontífice enviaba un vídeo a los campesinos de la región: «Yo sé lo que os pasa… Defended la tierra. Nos os la dejéis robar». El consuelo papal respondía al grito de los propios agricultores contra Eguren al que acusan de «corrupción y tráfico de tierras, así como por la muerte de comuneros».
