Ya saben que desde hace al menos seis meses el gobierno de Pedro Sánchez está intentando dar una solución al hacinamiento de los más de 5.000 menores que tienen acogidos en la comunidad de Canarias. Es en concreto, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, el que está impulsado una ley que obligue a todas las comunidades autónomas al reparto por contingentes de todos estos menores.
No se crean, esta iniciativa es al menos novedosa, ya que hasta el día de hoy, la única medida del gobierno ha sido la de regar con millones de euros aquellos lugares donde más incide el flujo de menores, para, al menos, poder almacenarlos, porque esta medida no se puede calificar de otra manera.
Lo cierto es que varios ministros se han implicado en la tarea, e incluso la ministra de Juventud e infancia, la señora Rego, ha aparecido durante todos estos meses como parte activa en este proyecto de distribución de los menores proponiendo incluso la naturaleza de la norma dentro de un decreto ley.
Lo cierto es que Fernando Clavijo, presidente de Canarias, dijo que tanto la redacción y entrada en vigor de la ley estaría terminada el 31 de marzo, y hete aquí, que ya vamos por junio, a las puertas del verano, y no parece que la implementación del reparto sea inminente.
Pero lo más grave no es que los plazos vayan con retraso y que, como empieza a ser cada vez más posible, al gobierno le coja el toro después de que pase el día 17 de junio, día del sacrificio del cordero, y empecemos con un incremento en las llegadas, sino que además, esta iniciativa esta predestinada en ser un fracaso.
Y les voy a explicar cuáles son las razones por las que pienso esto. Razones que, por otra parte, cualquiera que lleve en protección a la infancia los últimos 25 años debería saber; 25 años, les recuerdo, con un flujo constante donde seguimos arrastrando los mismos problemas.
El primero de los motivos es que, gracias al reparto, muchas comunidades donde no tienen apenas ninguna incidencia del fenómeno migratorio de menores van a tener que adaptarse a un tipo de perfil completamente nuevo y más exigente que el habitual. Esta falta de experiencia generará muchas incidencias no solo para los recursos donde sean acogidos, sino también para los barrios y localidades donde estén los citados recursos. Piensen que, aunque Canarias acoge ahora a 5.500 menores, Galicia solo tiene 29, por lo que el reparto puede incrementar, y de qué manera, el número de recursos que tengan que dedicarse para este nuevo perfil. Desde luego se entiende que los responsables de infancia de las comunidades donde no tiene incidencia el flujo migratorio de menores se resistan a este cambio de paradigma, ya que cualquiera, con un poco de luces, puede percibir las dificultades de adaptación a este nuevo perfil.
Pero más allá de la inexperiencia de los equipos educativos en el trato y atención, tanto cultural como administrativo a este nuevo colectivo, hay un motivo más de peso por lo que pensamos que esta iniciativa será un fracaso y que tiene que ver con el propio sistema de protección a la infancia que es el atiende a los menores no acompañados.
El sistema de protección a la infancia es un sistema diseñado en los años 80 para atender a un tipo de población «autóctona» cuyos centros donde se les atiende son de régimen abierto, es decir, donde no hay medida coercitiva ninguna para evitar que cualquiera allí ingresado pueda abandonarlo cuando quiera.
Este sistema, desarrollado bajo la denominación de centros de régimen abierto, están diseñados para esos menores autóctonos que por alguna razón no podrían ser atendido por sus padres y que no tendrían una motivación de abandonar un lugar donde están mejor que en sus casas.
Sin embargo, desde el inicio del fenómeno migratorio de los menores, hay una cosa que tenemos clara, y es que este tipo de centros no puede impedir que los menores extranjeros, insisto en esto, con un tipo de motivación diferente y mayor movilidad, se marche en busca de su familiares o amigos a otras partes del país a ser atendidos por las competencias propias de otras comunidades en materia de infancia.
Es decir, después de implementar este decreto ley y de desplazar a los menores, muy probablemente sin preguntarles cuáles son sus motivaciones migratorias, e implementado un gasto gigante para dicho desplazamiento, los menores después, volverán a marcharse de esos centro para ir a donde inicialmente tenían previsto.
Como ven, este sistema no sólo está abocado al fracaso, sino que nos va a costar un monto impresionante de dinero en los desplazamientos. Y está abocado al fracaso porque, insisto en esto, no está planteado desde el conocimiento del propio flujo de menores a nuestro país y de nuestro sistema.
No necesitamos un parche que alivie determinadas situaciones de emergencia en tal o cual comunidad, necesitamos, de verdad, una reflexión sobre un sistema nuevo que salvaguarde el verdadero espíritu de la protección de los menores y no sea un instrumento que incremente la emigración irregular.
