El giro diplomático del Gobierno en favor de Marruecos –en marzo de 2022 el presidente Pedro Sánchez dirigió una carta a Mohamed VI para apoyar la propuesta de autonomía para resolver el conflicto por la soberanía del Sáhara Occidental– no ha evitado la situación de presión migratoria máxima que se vive simultáneamente en Ceuta y en Canarias. Aunque en menor medida, la ruta entre Argelia –el país magrebí puso tierra de por medio con las autoridades españolas tras el viraje en favor de Rabat– y Baleares ha experimentado otro repunte en las últimas semanas.
En el actual contexto de emergencia, Sánchez culmina hoy su gira de tres días por la región visitando Senegal y el objetivo casi desesperado de tratar de frenar las llegadas en una ruta, la atlántica, ante la situación próxima al colapso que vive el archipiélago.
Tradicionalmente Marruecos ha empleado la política migratoria como un elemento de presión hacia las autoridades españolas, sobre todo cuando las relaciones han atravesado momentos de crisis. «El triple perfil migratorio de Marruecos (origen, tránsito y destino de la migración) le confiere una gran responsabilidad pero también una posición privilegiada para desplegar estrategias de diplomacia migratoria, es decir, negociaciones políticas y económicas con terceros países relacionadas con los flujos migratorios», explica a este medio el profesor de Ciencia Política e investigador de la Universidad Complutense de Madrid Augusto Delkáder. «De este modo, Marruecos concibe la migración como una renta política y económica, en concreto, como una herramienta de política exterior. Se trata de un activo con el que obtener ganancias. Si a esto le añadimos la externalización de la política migratoria de la UE en países como Marruecos, nos encontramos con un escenario muy favorable para la diplomacia migratoria de Rabat», concluye el especialista en relaciones en materia migratoria entre Marruecos y la Unión Europea.
La entrada de en torno a 10.000 personas en suelo ceutí en menos de 48 horas en el mes de mayo de 2021 gracias a la inhibición de las autoridades marroquíes puso de manifiesto el poder del arma migratoria en manos de Rabat en un momento de ofuscación diplomática como aquel: Marruecos mostraba así su indignación por el supuesto doble juego de España al haber permitido la entrada para ser tratado durante la primavera de aquel año en un hospital de Logroño al líder de su archienemigo el Frente Polisario, Ibrahim Ghali.
Aunque sea pronto para extraer conclusiones sobre cuánto hay de repunte debido a las condiciones de buen tiempo y a la aguda crisis social que vive la juventud en Marruecos y el conjunto de la región –entre quienes han intentado acceder a la ciudad autónoma hay ciudadanos marroquíes, pero también argelinos, sudaneses, tunecinos, yemeníes, sirios o bangladesíes– y cuánto se debe a presión deliberada por parte de Rabat, lo cierto es que la frontera de Ceuta vive uno de los momentos de mayor empuje migratorio de los últimos meses. Tras horas de cierta calma, Marruecos ha incrementado la vigilancia en su tramo de costa–, el balance de los días 22 a 26 de agosto ha sido de una media diaria de 700 tentativas de entradas con picos de hasta 1.500. Por otra parte, aunque la mayor parte de las salidas de cayucos se producen desde las costas de Mauritania y Senegal, resulta difícil determinar el grado de intensidad en la colaboración de las autoridades marroquíes en los últimos meses a la hora de interceptar las embarcaciones con migrantes que atraviesan las aguas bajo su control con destino al archipiélago español.
Por último, aunque silenciada por la gravedad de la situación en Canarias y en Ceuta, las costas del archipiélago balear y de las provincias de Alicante y Murcia son testigo en las últimas semanas de un repunte en las llegadas de migrantes procedentes de Argelia. La indignación de las autoridades norteafricanas con el presidente del Gobierno a raíz de su apoyo –del que no solo Sánchez no avisó a Argel sino que tampoco informó al Parlamento español ni al resto del Ejecutivo– ha quebrado la relación diplomática oficial y la cooperación en materia de seguridad ha sufrido una merma considerable.
Sánchez culminará hoy una gira africana en Senegal que hasta ahora se ha saldado con elogios a la cooperación de las autoridades mauritanas y gambianas y anuncios –no ha habido preguntas en ninguna de las dos intervenciones públicas en Nuakchot y Banjul– de la puesta en marcha de iniciativas enmarcadas en la idea de la migración circular que los más críticos advierten de que pueden producir un efecto llamada. «La cooperación migratoria entre España y África Occidental está marcada por una clara asimetría de intereses. España busca en los países de África Occidental aplicar el régimen del control migratorio, basado en una visión negativa de la migración africana. En concreto, el control de los flujos migratorios hacia Canarias y algo aún más complejo y controvertido: que estos países acepten las deportaciones (llamados retornos en la jerga europea) de los migrantes subsaharianos que se encuentran en suelo español», explica Delkáder a LA RAZÓN.
«Países como Mauritania, Gambia o Senegal, conscientes del enorme peso de las remesas en su desarrollo socioeconómico, quieren visados y oportunidades para la migración legal de sus nacionales. Por ello, son a menudo reacios a aceptar deportaciones. También las rechazan por el impacto negativo que ello genera en su opinión pública», afirma el profesor e investigador de la UCM, quien recuerda que el apoyo financiero ofrecido por parte de las autoridades europeas y españolas a los países de la zona –en febrero Sánchez y la presidenta de la Comisión Europea Von der Leyen prometieron conjuntamente 510 millones de euros en distintos programas para la modernización de Mauritania y el objetivo de una mayor cooperación en migración irregular, sin que el presidente haya ofrecido detalles sobre el grado de cumplimiento de sus compromisos– «tampoco es suficiente para controlar las salida de embarcaciones en una línea de costa tan extensa». Entretanto, desde ayer y en plena visita de Sánchez a la región, están vigor la imposición del visado de tránsito aeroportuario a los ciudadanos mauritanos en sus escalas en suelo español como medida destinada a controlar la migración irregular.
