Una vez más, creemos que es primordial que los ciudadanos interioricen el hecho de que no son los territorios los que pagan impuestos, sino las personas, de acuerdo a su mayor o menor poder adquisitivo. Ciertamente, en la opinión pública se ha instalado la idea contraria, fruto de una labor de zapa de décadas de los nacionalismos periféricos, siempre atentos al fomento del agravio comparativo entre los españoles y a la consecución de unas mejores inversiones del Estado territorializadas.
Dicho esto, nada tendríamos que oponer a una reforma de la financiación autonómica que reajustara las carencias presupuestarias de Cataluña, en la misma medida que se viene actuando en otras regiones, a partir de factores endógenos como la dispersión de las poblaciones o la vertebración del territorio, pero, siempre, desde planteamientos de racionalidad y mediante el análisis apartidista de las necesidades que han de ser cubiertas, si es que asumimos que todos los ciudadanos son iguales ante la Constitución.
Sin embargo, no parece que en la peripecia actual de la «singularidad financiera» del Principado medien estos principios, sino, más bien, un mero interés político de partido que Carles Puigdemont titula de extorsión y los propagandistas gubernamentales justifican en la infrafinanciación de Cataluña. A los meros efectos dialécticos hay que señalar que el líder de Junts es consecuente en el argumentario, puesto que si, como dice el Gobierno, hablamos de justicia presupuestaria, ésta debería aplicarse con independencia de quien ocupe la presidencia de la Generalitat. Cae Puigdemont, sin embargo, en el cinismo político cuando plantea el chantaje contrario, con La Moncloa como rehén de sus siete votos.
Así, la realidad de que el modelo de estado autonómico precisa de una reforma en profundidad de la financiación, aunque sólo sea porque los distintos gobiernos centrales han venido endosando a las comunidades autónomas nuevos capítulos de gasto social, sin dotarlos presupuestariamente, se convierte en un tira y afloja sobre la presidencia catalana que recae, y ya pueden los ideólogos del sanchismo utilizar alambicados sinónimos, sobre las espaldas del resto de las autonomías que, con razón, se sienten menospreciadas frente a la «singularidad» de Cataluña.
En cierto modo, entendemos la tribulaciones de Salvador Illa, ganador de las elecciones pero condicionado por la aritmética parlamentaria, como también entendemos los problemas de ERC, en caída pronunciada en las tres últimas citas electorales y, por lo tanto, necesitada de presentar algo tangible a la parroquia, pero ya hemos señalado que fomentar desde el poder político el agravio comparativo entre territorios es un error grave desde cualquier punto de vista. Especialmente, si la «singularidad» afecta a una de las regiones más ricas de España.
