El Gobierno se cuida mucho de entrar a criticar abiertamente y en público las decisiones judiciales, a pesar de que muchas de ellas tienen una gran influencia política y son analizadas internamente como parte de una ofensiva contra el Ejecutivo. Pero hay una excepción en la que el Gobierno ha saltado todas sus líneas rojas: la actuación del juez Juan Carlos Peinado en el caso de Begoña Gómez, la esposa del presidente, imputada por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. La Moncloa ha decidido que Peinado ha superado todos los límites de lo admisible y el presidente, Pedro Sánchez, ha decidido querellarse contra él por prevaricación, un paso inédito. El último movimiento extraño del juzgado de Peinado —no atribuible directamente a él, pero del que es el último responsable— esto es, el error en el envío de la documentación a la Audiencia Provincial de Madrid que provoca un nuevo retraso en la resolución del caso, refuerza, según fuentes del Gobierno, la tesis de la prevaricación.
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