El Gobierno central y el Ejecutivo canario han redoblado este viernes la presión al PP para que acepte el reparto obligatorio de menores migrantes entre comunidades. En su primera reunión conjunta, celebrada este mediodía durante más de una hora en la isla de La Palma, el presidente Pedro Sánchez y el mandatario canario, Fernando Clavijo, han acordado “intensificar” los trabajos a fin de obtener los apoyos necesarios en el Congreso para una modificación legislativa del artículo 35 de la ley de extranjería que permita aliviar la situación de colapso que viven las islas. La tramitación de la proposición de ley presentada en julio por PSOE, Sumar y Coalición Canaria fue tumbada en la Cámara baja el pasado 23 de abril con el rechazo de populares, Vox y Junts. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha tildado esta vía como “la única solución posible”, y tal y como adelantó EL PAÍS, ha descartado su aprobación a través de un decreto ley el próximo martes en Consejo de Ministros. El también titular de Memoria Democrática ha anunciado un “compromiso” para que el Gobierno “aporte 50 millones” de euros a Canarias durante este ejercicio en compensación por el esfuerzo financiero que realiza el ejecutivo insular en la gestión de la crisis. En declaraciones posteriores a los medios, Clavijo ha reclamado una cantidad mayor, que sea “proporcional”, ha subrayado, al aumento de llegadas de los últimos meses.
