El Gobierno ha vuelto a recurrir al Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas (FFCA) para financiar su entrada en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en Telefónica, cuyo montante asignado previamente a las comunidades autónomas y ayuntamientos –y ahora con destino a la SEPI– se eleva ya a 2.000 millones de euros. Al haberse prorrogado los Presupuestos Generales del Estado de este ejercicio, el Ejecutivo decidió desviar al ente público 1.500 millones del Fondo de Financiación y otros 500 millones del Fondo para Entidades Locales, una cantidad que ha de ser asumida por gobiernos regionales y municipios, lo que ya ha elevado denuncias por parte de los territorios gobernados por el PP.
Ahora se ha conocido, tras la publicación del informe de ejecución presupuestaria de abril, que el Ministerio de Hacienda realizó en abril a la sociedad estatal una aportación patrimonial de 1.000 millones de euros, destinado exclusivamente a invertir en el mercado para la adquisición de acciones de Telefónica, de la que el Estado posee ya el 10% gracias a estas inyecciones. Esta operación ha sido financiada a costa de una menor aportación patrimonial al Fondo de Financiación de las comunidades autónomas, por un importe de 500 millones de euros, que han sido descontados con cargo al Capítulo VIII del apartado de gastos y detrayéndolo del fondo de financiación, sin que el Ejecutivo haya tenido en cuenta que algún Gobierno regional pudiera necesitar esas cantidades si no son capaces de cumplir con el objetivo de déficit del 2023.
Fuentes gubernamentales explicaron a LA RAZÓN que al ser estos Presupuestos una prórroga de los anteriores y a que este año las comunidades autónomas requieren menos financiación debido a la reducción de su déficit, «había margen para poder destinar esos 500 millones de euros del fondo de financiación autonómico para apoyar esta operación». Las mismas fuentes negaron que el desvío de esta cantidad «signifique que las comunidades autónomas pierdan recursos, al contrario, este año van a recibir un 15% más que en 2023». En concreto, están asignados 154.467 millones de euros del sistema de financiación, casi 20.000 millones más.
Según el último informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), Hacienda aprobó la inyección de 1.000 millones de euros a la SEPI, de los que estos últimos 500 millones corresponden al FFCA, cantidad que se suma a las ejecutadas en febrero (500 millones de euros) y marzo (500 millones de euros), por lo que importe total asciende ya 2.000 millones de euros de fondos públicos que la SEPI ha utilizado para alcanzar su posición en Telefónica y frenar la del fondo saudí STC, que tiene en su poder el 9,9% de las acciones de la teleco –el 4,9% de manera directa y otro 5% en derivados–.
La SEPI completó el 20 de mayo la orden del Ejecutivo que preside Pedro Sánchez de adquirir un total de 567.016.155 acciones de Telefónica a un precio medio de 4,0295 euros por acción, por lo que el importe de la operación ascendió a casi 2.285 millones de euros, si bien a ese paquete accionarial hay que sumarle 541 títulos que la SEPI ya tenía en cartera. Al precio de mercado actual, el paquete accionarial del Gobierno en Telefónica tiene un valor de casi 2.427 millones de euros, con la cotización de la compañía en 4,28 euros al cierre de la sesión bursátil del pasado viernes.
