El Gobierno está absolutamente indignado con la actuación del juez que investiga a Begoña Gómez, la esposa del presidente Pedro Sánchez, por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. El magistrado Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, ha comunicado este martes que cita a Gómez a declarar el próximo 5 de julio, y lo ha hecho en plena recta final de la campaña de las elecciones europeas del próximo domingo y sin esperar a ver qué dicen varios testigos del caso. En privado, varios miembros del Ejecutivo de Sánchez muestran su enfado y creen que el juez solo puede actuar así por un interés político; sostienen que, desde el punto de vista procesal, no tiene ninguna lógica que no haya esperado a anunciar la citación al menos al próximo lunes, cuando ya habrán pasado las elecciones. En público, el Gobierno es más cauteloso y evita un choque directo entre el poder ejecutivo y el poder judicial, pero la portavoz, Pilar Alegría, ha mostrado indirectamente la indignación del Gobierno al trasladar la “extrañeza” con la actuación del juez, a la vez que mostraba la confianza absoluta en que el caso quedará “en nada”.
El Gobierno, indignado con el juez, traslada su “extrañeza” por la citación a Begoña Gómez
