El Ministerio de Vivienda quiere desarrollar mediante un real decreto urgente el artículo 3 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para concretar lo relativo a los alquileres temporales de forma que sus usuarios tengan que acreditar y justificar esa causalidad a la hora de formalizar el contrato.
Según ha avanzado la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, estos contratos también tendrán que registrarse en la plataforma que ha anunciado el Gobierno donde se centralizarán las distintas modalidades de alquiler, entre ellos los turísticos o de habitaciones.
Con todo ello, se busca establecer mecanismos para no burlar la LAU y salvaguardar los contratos de alquiler de temporada para lo que realmente son, temporales, dado el auge que está registrando esta modalidad para sortear la Ley de Vivienda y las tensiones que está provocando en el mercado residencial, en términos de acceso a una vivienda y de precios.
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, se reunió la semana pasada con la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y se planteó modificar de la Ley de Propiedad Horizontal para vetar los apartamentos turísticos en las comunidades de propietarios, al considerar que las viviendas ejercen una actividad económica, en base a la jurisprudencia del Tribunal Supremo. A nivel local, en Barcelona el alcalde Jaume Collboni ha tomado la decisión de no renovar las licencias y que desaparezcan las 10.000 viviendas turísticas en un plazo de cuatro años y el ayuntamiento de la Ciudad Condal también aprobó este semana subir de 3,25 euros hasta los 4 euros (el máximo posible) la tasa turística para todas las modalidades de alojamiento.
En Madrid, la concejala del Ayuntamiento en representación de Más Madrid Rita Mestre, ha propuesto imponer una tasa de tres euros a los turistas que duerman en Madrid con la que se recaudarían 65 millones anuales y se destinarían a la construcción de vivienda pública, a la promoción de alquileres asequibles y a la rehabilitación. En Baleares ya se aplica una ecotasa a los alojamientos turísticos y, en base a esta experiencia, Exceltur asegura que la medida no es efectiva para reducir la afluencia de turistas. Siguiendo en las Islas Baleares, en Palma, el Ayuntamiento de la capital balear propuso en mayo prohibir las nuevas viviendas de alquiler turístico y limitar los cruceros y los coches de alquiler.
Además, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana está trabajando en la creación de una plataforma única estatal mediante la cual, controlar y combatir el fraude que se produce en el mercado de los pisos turísticos. Asimismo, a principios de junio, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 abrió una investigación sobre las plataformas de alquiler turístico por anunciar viviendas que operan sin licencia en diferentes ciudades españolas, una práctica que supondría una infracción de la ley de los consumidores y que podría llegar a ser sancionada con hasta 100.000 euros. La semana pasada el departamento dirigido por Pablo Bustinduy puso en contacto con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para proponer a los ayuntamientos que aporten información para intensificar esta investigación y ha planteado introducir el IVA en la actividad de los pisos turísticos y que tributen “como cualquier actividad comercial” para frenar el aumento de la oferta ilegal.
Por su parte, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha criticado que la proliferación de pisos turísticos es un problema de “primera magnitud”, ya que está provocando especial afectación en “el centro de las grandes ciudades”, obligando a “vaciar los barrios” y a “la gente que vivía y que ahora tiene irse fuera”.
Así lo ha manifestado en una entrevista en el programa ‘La Hora de La 1’ de TVE, en la que también ha alertado del impacto de este fenómeno en la oferta disponible de pisos en alquiler y también sobre “la vida”, es decir, sobre “el tejido social en esos barrios”.
Durante su intervención ha enumerado las distintas acciones del Gobierno o su Ministerio para combatir el aumento de viviendas de uso turístico, como la persecución de la publicidad ilegal, en la que ha resaltado que la premisa es “muy clara”: “Si una vivienda no dispone de licencia para su uso turístico, la publicidad de esa vivienda debe ser ilegal y por tanto debe ser perseguida”.
