El Gobierno quiere poner fin a los abusos que las comercializadoras energéticas, en especial las de electricidad, siguen cometiendo con la contratación del suministro vía telefónica. Así, en la reciente propuesta de Reglamento General de Suministro y Contratación incluido en un real decreto que está actualmente en trámite de audiencia pública, el Ministerio para la Transición Ecológica establece, en su artículo 13, “el final de la posibilidad de que los comercializadores puedan realizar publicidad y contratación del suministro vía telefónica, salvo que exista una petición expresa por parte del consumidor o la llamada sea originada por su propia iniciativa”.
La contratación puerta a puerta, prohibida desde 2018
Una de las primeras decisiones que adoptó Teresa Ribera tras su llegada al Gobierno, como ministra para la Transición Ecológica fue prohibir la contratación puerta a puerta de la luz y el gas natural a los usuarios domesticos, salvo que la visita fuese solicitada expresamente por ellos. La medida fue incluida en un real decreto ley de medidas urgentes para la transición energética en noviembre de 2018 con el que se quería controlar los precios.
La prohibición se justificó en “el elevado número de reclamaciones presentadas ante los organismos de consumo y ante la CNMC en los últimos años” por las visitas domiciliares y convirtió a España en uno de los primeros países de la Unión Europea en adoptar medidas proteccionistas de este tipo. En Reino Unido rige esa a prohibición, y la de contratar por teléfono, desde 2011.
La norma, según denunciaron entonces las empresas, afectaba a una fuerza de venta de más de 5.000 comerciales en toda España. Pero no afectaba al segmento industrial y el de las grandes empresas con potencias contratadas por encima de los 10 kW. Las compañías recurrieron a otras alternativas, como la contratación por teléfono (ahora, en vías de prohbición) o a través de puestos informativos, por ejemplo, en centros comerciales.
