El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, quiere que la salida de los monjes benedictinos que residen en el Valle de Cuelgamuros (antiguo Valle de los Caídos), encargados de la abadía, la hospedería y la escolanía, se haga “de manera educada y acordada”. El responsable de Memoria Democrática admite que la transformación de este enclave en un centro de interpretación que fomente los valores constitucionales y democráticos es un asunto “complejo”, puesto que “hay infraestructuras diversas, un hotel, tiendas, una presa que es una competencia que abordaría desde el Ministerio de Transición y una Basílica donde están los benedictinos”.
“Tenemos unos hitos temporales, algunos dependerán más de nosotros, otros serán más complejos, como la salida de los benedictinos, que estamos planteando que se haga de manera educada y acordada”, asegura el ministro en una entrevista con la agencia Efe.
En todo caso, recuerda que la salida de los monjes debe abordarse con la Conferencia Episcopal -el encargado de ello es el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños- y, como ha pronosticado Torres, “no será fácil”.
El próximo año se cumplen 50 años de la muerte de Francisco Franco y el Gobierno quiere hacer de 2025 “un año que defienda y se sienta orgullosa la sociedad española de la recuperación de la democracia”, según el titular de Memoria Democrática. El objetivo es aprovechar el medio siglo de la muerte del dictador para “poner en valor todo lo que significa la recuperación democrática frente a los años de la ausencia de la libertad” y, para ello, ya hay un programa inicial de actos con participación de distintos ministerios, que Torres espera que tenga su reflejo en las cuentas de 2025.
Paralelamente, el Gobierno ha seguido dando más pasos en el proceso de extinción de la Fundación Francisco Franco, cuya existencia considera que “no tiene sentido porque vanagloria al dictador”, y continúa apoyando las tareas de exhumación de restos de víctimas del franquismo.
Al respecto ha recordado que recientemente ha aprobado el Consejo de Ministros una dotación presupuestaria para continuar con esas exhumaciones y que se van a firmar protocolos con distintas comunidades, diputaciones y cabildos.
Sobre las comunidades autónomas y la memoria democrática ha valorado que “parece que hay comunidades como Extremadura o Castilla y León, por algunas declaraciones recientes, que van a dejar aparcada la propuesta de modificación de sus leyes autonómicas a exigencia de Vox, una vez que Vox ha salido de esos gobiernos”. Además, asegura estar “en disposición de llegar a acuerdos” con el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, para que anule la ley de concordia recientemente aprobada con Vox y “regrese” a la ley de memoria democrática y a “la defensa de los derechos humanos, la no vulneración de los pactos y acuerdos en el ámbito internacional, la defensa de la Constitución y el deber de memoria, reparación y verdad”.
Torres se ha referido a la experiencia personal vivida al comunicar recientemente a los familiares de dos personas ejecutadas en 1936 y 1937 que “después de una lucha durante décadas” ha sido posible identificar. Al otro lado del teléfono, ha relatado, se encontró “a personas que lloraban en una mezcla de alegría por poner fin a la búsqueda de un familiar, pero también de reconocer que fue una persona que fue víctima de un orden totalitario”. “Yo me quedo con que recientemente, el domingo de hace dos semanas, la nieta de uno de ellos lloraba porque se había muerto su padre, es decir, uno de los hijos de la persona fusilada, y no le pudo decir a su padre que habían encontrado los restos de su abuelo. Me pedía disculpas entre sollozos -ha contado Torres-, casi pidiendo perdón, y al final terminamos llorando los dos”.