La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, ha salido “desalentada” de una reunión mantenida con la ministra de Igualdad, Ana Redondo. El encuentro, que tuvo lugar en la sede del Ministerio de Igualdad, se llevó a cabo tras una carta enviada el 18 de marzo por Dávila, en la que expresaba su preocupación por las consecuencias que la Ley Trans nacional está teniendo en el sistema de protección a víctimas de violencia.
La consejera Dávila ha reclamado la modificación de la ley, argumentando que está generando y podría generar en el futuro situaciones no deseadas en casos de violencia contra la mujer. Según la Comunidad de Madrid, se han detectado casos en los que presuntos agresores, tras cambiar su sexo, han solicitado acceso a dispositivos y ayudas específicas para mujeres víctimas de violencia. En estas situaciones, las trabajadoras de la red de atención no tienen herramientas objetivas para identificar posibles fraudes de ley, lo mismo ocurre con los funcionarios de los registros civiles.
Durante la reunión, Dávila pidió la realización de un estudio a nivel nacional para analizar la casuística de posibles fraudes en todas las comunidades autónomas y en diversos ámbitos, no solo en los puntos de atención a mujeres. Sin embargo, Redondo se negó a llevar a cabo dicha modificación.
“No podemos abordar la apariencia física, no podemos abordar informes técnicos de ningún tipo, porque así lo dice la ley, y necesitamos que el Ministerio nos apoye en esa posibilidad de definir cómo podemos decirles a los técnicos, a los funcionarios, a las personas que atienden a las mujeres víctimas, que esto puede ser un fraude”, destacó Dávila tras el encuentro.
A pesar de la negativa del Ministerio, Dávila expresó el “profundo malestar” entre las profesionales que atienden a las víctimas y lamentó no haber logrado “soluciones efectivas” para “seguir protegiendo a las víctimas”. La consejera ejemplificó la problemática con un caso en el que un presunto agresor cambió de sexo y solicitó ingresar en una residencia donde estaba su víctima, situación que la ley actual permite y que, según Dávila, “desprotege totalmente a las víctimas y vulnera también el principio de igualdad de las mujeres”.
La negativa del Ministerio a incorporar modificaciones que permitan identificar y abordar posibles fraudes en la Ley Trans ha dejado a la Comunidad de Madrid en una situación de incertidumbre, con la necesidad de seguir buscando soluciones para proteger a las víctimas de violencia de género.
