El conflicto por las leyes antimemoria histórica, que el PP y Vox llaman “de concordia”, llegará definitivamente al Tribunal Constitucional, que tendrá que resolverlo. El Gobierno, después de que el Ejecutivo autonómico de Aragón, en manos de PP y Vox, haya decidido no contestar siquiera a sus solicitudes para reunirse e intentar buscar una solución acordada, ha decidido interponer un recurso de constitucionalidad contra lo único que ha aprobado de momento Aragón, esto es la derogación de la Ley de Memoria que había aprobado el parlamento autonómico anterior, con gobierno del PSOE. Aragón alega que aún no ha aprobado su Ley de Concordia, pero el Ejecutivo central, y también los relatores de la ONU, han estudiado con detalle el texto de la derogación y han visto que contiene diversas vulneraciones del derecho internacional, además de invadir competencias del Estado, ya que choca con la ley de memoria democrática que está vigente.
El Gobierno recurre al Constitucional la derogación del PP y Vox de la ley de memoria de Aragón
