Como ya había advertido que harían a principios de este mes de mayo el ministro de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, el Gobierno recurrirá la Ley de Concordia de Aragón, después de que no hayan corregido su contenido en el sentido de la nacional de Memoria Democrática, como pedían.
Pese a las negociaciones bilaterales que planteó el ministro Torres para tratar de que el Ejecutivo de Jorge Azcón homologase la horma autonómica a la aprobada por los socialistas en 2022, el asunto saltará así finalmente a los tribunales, tal y como se ha acordado este martes en el Consejo de Ministros.
El Constitucional será así quien decida si es conforme a la legislación una Ley de Concordia que incluye, como puntos más criticados por los socialistas, la retirada de placas que recuerdan campos de concentración, de otros lugares y sucesos, así como la existencia y mantenimiento de un mapa público que recoge fosas comunes de la Guerra Civil.
Para el Gobierno la norma aragonesa de Memoria Histórica invisibiliza a las víctimas del bando republicano y ponen trabas al trabajo que desarrollaban hasta ahora las organizaciones conocidas como memorialistas.
Harán lo mismo, ha adelantado Torres, cuando se aprueben las anunciadas leyes similares por las administraciones populares de Castilla y León y la Comunidad Valenciana, que de momento están estado de proposición.
El titular de Memoria Democrática justificó la decisión de acudir al TC en que se haya superado el plazo de tres meses que marcó —tras la aprobación de la legislación— para alcanzar un consenso con el Gobierno autonómico de PP y Vox a través de una negociación bilateral.
Aragón en todo momento rechazó mantener un diálogo encaminado a modificar el contenido de la ley para satisfacer las demandas de los socialistas en Memoria Democrática ya que consideraron que era “algo inusual”.
Ahora, el Gobierno de Sánchez se apoya también en un informe del Consejo de Estado que, según sacaron a relucir, afirma que la comunidad autónoma incumplió el deber de colaboración del Estado al no acceder a sentarse en una mesa y abordar los puntos de discordia de la Ley de Concordia. Que sustituye en todo caso a la nacional en cómo se trata desde las instituciones aragonesas la Guerra Civil y el marco regulatorio en el que se deben mover las entidades dedicadas a ello.
En este sentido, el ministro Torres ha vuelto recriminar que no se tenga en cuenta por los de Azcón el polémico informe de Naciones Unidas, “el derecho internacional y la preservación de los derechos humanos”.
