El Gobierno español se ha sumado a la denuncia por genocidio presentada por Suráfrica contra el Estado de Israel ante el Tribunal de La Haya. Ese es el fondo de la cuestión y las matizaciones efectuadas por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, sólo se explican desde la mala conciencia que produce apoyar tan brutal acusación, precisamente, sobre un pueblo que padeció en sus carnes uno de los más terribles procesos de exterminio de la historia y que ha tenido que librar continuas guerras desde 1948 para garantizar su derecho a existir como nación independiente y soberana.
Nos hallamos, pues, ante un acto político de enorme trascendencia para la posición de España en el mundo, llevado a cabo, además, en la recta final de unas elecciones en las que el inquilino de La Moncloa parte con desventaja y necesita agrupar en torno a sus siglas el voto de la extrema izquierda. Por supuesto, el millón y medio de árabes musulmanes que tienen la ciudadanía israelí y están amparados en sus derechos por las leyes de una democracia plena, son la prueba de refutación de la acusación de genocidio, por más que desde posiciones antisemitas se haya banalizado el término con la intención de diluir en el imaginario colectivo la verdadera naturaleza de lo que fue el Holocausto, la búsqueda de la extinción de un pueblo por razones étnicas, con independencia de la condición personal de cada uno de sus individuos.
Lo que no parece querer entender el Gobierno es que Israel está librando una guerra en Gaza con las reglas de enfrentamiento que ha impuesto un enemigo que se reconoce inferior en potencia de fuego, efectivos y demás medios militares, y que, como en toda acción irregular, se sirve de la población local para cubrirse. Un enemigo que gobierna totalitariamente a esa misma población y que siempre repite la misma estrategia de ataque sorpresivo, repliegue y búsqueda de un alto el fuego que permita el rearme para la siguiente operación.
Hace dos décadas, desde la retrocesión de Gaza a los palestinos, que Hamás utiliza la franja para bombardear el territorio de Israel. Por supuesto, la voluntad de acabar con ese círculo vicioso del actual Ejecutivo israelí, golpeado en lo vivo por una acción terrorista brutal no provocada, podía no haber entrado en los cálculos de Hamás, pero, aun así, han mantenido el desafío aún a costa de la total destrucción de Gaza, a la espera de la habitual reacción de la comunidad internacional, naturalmente horrorizada por la tragedia de la guerra.
Nuestro Gobierno, es un hecho, se pliega así a la estrategia y al discurso de una organización terrorista islamista, que actuó con increíble crueldad sobre civiles indefensos como punta de lanza de los intereses del régimen de Teherán en su pugna con Arabia Saudí –que iba a establecer relaciones diplomáticas con Israel– por la supremacía en la región.
