Nueva reunión y nueva mejora del Gobierno en su propuesta sobre la orden para recuperar años cotizados de antiguos becarios e investigadores, publicada inicialmente el 1 de mayo. Así se ha trasladado después del encuentro que ha mantenido el Ejecutivo este mismo lunes con los sindicatos y la patronal.
Lo que ha hecho el Ministerio de Seguridad Social es recoger la petición de los agentes sociales de ampliar la ventana temporal para la suscripción del convenio con la Seguridad Social hasta los cuatro años y medio, frente a los tres años y medio que incluía la propuesta anterior. Gracias a esta variación, queda abierta dicha ventana temporal hasta el 31 de diciembre de 2028, facilitando de este modo que todos aquellos interesados puedan acceder a él.
A su vez, el departamento liderado por la ministra Elma Saiz también ha incorporado las peticiones de extender la posibilidad de fraccionamiento de pago hasta el doble del periodo rescatado con un máximo de siete años, a diferencia de los cinco años establecidos previamente. Una modificación de la norma que permitirá que, por ejemplo, en caso de rescatarse dos años de cotización, estos se puedan pagar en cuatro años, frente a lo recogido en la orden inicial y que determinaba que el ingreso de las cuotas se realizase en un pago único o en un máximo de mensualidades igual al periodo “rescatado”.
Nueva reunión el 10 de junio
Como decíamos, son los resultados de la Mesa del Diálogo Social y Pensiones, después de que el Ministerio de Seguridad Social se reuniera de nuevo con los agentes sociales. Un encuentro que volverá a producirse el próximo 10 de junio con el fin de seguir abordando la mejora de la orden para recuperar años cotizados de antiguos becarios e investigadores.
Lo cierto es que esta orden, tras ser publicada el 1 de mayo y después del compromiso personal de la ministra, ha ido incorporando otros cambios en encuentros anteriores con los agentes sociales, tales como el anunciado el pasado lunes de aplicar la base de cotización mínima correspondiente al año de realización de las prácticas, es decir, la base de 1997, la cual se situaría en los 101 euros, en lugar de tomar la del año presente, tal y como contemplaba la orden inicial. Se trata de un cambio que pedían desde los colectivos profesionales y que se traducirá en una reducción en el importe a abonar. Un paso necesario y que puso fin a uno de los puntos más controvertidos y rechazados de la normativa, por el coste económico que implicaba. En este sentido, la presidenta de la Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer (Aseica), Marisol Soencas, explicaba en una entrevista a LA RAZÓN que, con la ecuación del Ministerio, “regularizar los cinco años que me dejan me supone un desembolso de más de 17.000 euros, una barbaridad”.
Asimismo, se ha modificado el hecho de poder rescatar íntegramente cinco años, también en los casos en los que, en base a la regulación de 2011, ya se hubiesen recuperado dos años (5+2). Si bien, ese límite de cinco años era percibido por los colectivos profesionales como algo “claramente insuficiente para solucionar el problema de todo el colectivo afectado”. Por último, el Ejecutivo se ha comprometido a aclarar el ámbito de aplicación del convenio especial dando cobertura a todas las situaciones amparadas por el real decreto. Recordemos que la Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE), la mayor agrupación de científicos en nuestro país, destacaba la necesidad de hallar una solución específica para la regularización retroactiva de la cotización de las becas de investigación, puesto que, según indicaron, se trata de una situación diferente a la de las prácticas formativas.
Con todo, vemos cómo se van introduciendo paulatinamente en la orden las peticiones que desde los colectivos profesionales reclamaban, tras la oleada de críticas que suscitó el texto original en su publicación entre muchos grupos, entre los que se encuentra la comunidad científica, que se declaró en pie de guerra. Aunque todavía quedan por abordar algunas de las demandas que se realizaban, como que los afectados deban aportar únicamente la cuota que corresponda al trabajador en cada año recuperado, sin la actual obligación de pagar también las cotizaciones empresariales. En cualquier caso, tal y como se ha trasladado, continúa la Mesa del Diálogo Social y Pensiones.
