Más allá del protocolo nacionalista asumido por el Govern de Salvador Illa en nombre de la «concordia», la celebración de la Diada Nacional catalana de este miércoles volverá a estar protagonizada por manifestaciones independentistas que tendrán lugar en varios puntos del territorio. ERC participará de los actos convocados por Òmnium y la Assemblea Nacional Catalana (ANC), igual que Junts, pero el acuerdo de investidura entre los republicanos y el PSC ha terminado por dilapidar cualquier atisbo de unidad entre los dos principales partidos secesionistas, que han decidido afrontar por su cuenta y riesgo el fracaso del conjunto del independentismo en las últimas elecciones autonómicas, donde perdieron la mayoría absoluta en el Parlament por primera vez en quince años. Según el propio Centre d’Estudis d’Opinió (CEO), el apoyo social a la separación de España también corre bajo mínimos, realidad que el independentismo pretende revertir en la primera Diada del post Procés con reivindicaciones tan «autonomistas» como el concierto económico o la puntualidad de los trenes.
Las principales entidades secesionistas, quienes han liderado históricamente las protestas del11 de septiembre, han querido deslocalizar el fracaso de afluencia previsto para las mismas en la presente edición. Las significativas multitudes que se concentraban en Barcelona reclamando «derecho a decidir» durante la pasada década ya forman parte de la historia. Aquellos éxitos del independentismo, especialmente de 2012 a 2017, respondieron a un clima social extasiado que nada tiene que ver con el sentir derrotista del secesionismo a día de hoy. La indignación de los votantes con los líderes que les engañaron –y que siguen empeñados en mantenerse en primera línea, tanto en el caso de Junqueras como en el de Puigdemont– es una de las claves que explican este desafecto masivo, como también lo es la comúnmente aceptada percepción de que Cataluña «está muchísimo peor que hace veinte años». Con esta premisa, negada por ERC y Junts mientras se perpetuaban en la Generalitat, el eje independentismo-unionismo se ha desdibujado de la política catalana para reinstalar la clásica matriz derecha-izquierda –en un segundo plano en los años 10–, y dar paso también a los extremismos de uno y otro lado. La CUP, atractiva para algunos por su apología revolucionaria y sus recetas unilateralistas, ha sido reducida a la insignificancia al destapar su verdadera cara comunista; y en los últimos comicios, por contra, consiguió entrar en el Parlament con dos diputados la ultraderecha xenófoba de Aliança Catalana. El partido de la alcaldesa de Ripoll, Sílvia Orrriols, abandera un rechazo frontal al «islamismo» y también a quienes llama «procesistas», los que «vendieron falsas esperanzas a los catalanes y se dedicaron a destruir y empobrecer» al territorio.
La Diada de este año será una ejemplificación gráfica de este declive. La ANC ha vuelto a encontrar un eslogan para hacer «imprescindible» la presencia de los independentistas que quedan en sus actos pero no ha tenido más remedio que dejarse de ensoñaciones y volver a lo terrenal para evitar que la gente prefiera quedarse en casa. Cada capital de provincia tendrá un asunto a reivindicar, en este sentido, ecuación a la que se ha sumado Tortosa, ciudad del sur de Tarragona, para de algún modo denunciar la «mala gestión de los recursos hídricos» en relación con el río Ebro, que cruza la localidad, y también el «desequilibrio territorial» que afecta a esta región de Cataluña. En la misma línea, buscando poner en el foco «las nefastas consecuencias de pertenecer a España», en Girona se reivindicará una mejora del sistema sanitario; en Lleida se protestará por unas mejores condiciones para los payeses; en Tarragona se denunciará la «mala gestión» de los trenes de Rodalies –algo que está en proceso de pasar a manos de la Generalitat–y finalmente en Barcelona se pondrá de manifiesto el «problema de la vivienda». La «asimilación» de estas causas por el movimiento independentista, muchas de ellas tradicionales reivindicaciones de la izquierda en el conjunto de España, no tiene otro fin que evitar imágenes de las calles que «siempre» iban a ser «suyas» semivacías, volviendo a dejar como protagonistas –como sucedía en los 90– a los radicales que queman contenedores y terminan la jornada frente a la comisaría de la Via Laietana, atacando a agentes de la Policía Nacional.
El 11 de septiembre, que conmemora la caída de Barcelona en la guerra de sucesión española –que no secesión– de 1714, se celebra desde finales del siglo XIX, en el marco del movimiento cultural y lingüístico de la Renaixença, en reivindicación de las instituciones catalanas abolidas con la llegada de los Borbones a la corona española. Prohibida durante la dictadura franquista, en 1977 se declaró Fiesta Nacional de Cataluña, adquiriendo un carácter festivo durante los primeros años de la democracia restaurada. Con el control de los medios de comunicación públicos y del sistema educativo por parte de la Generalitat, la falsa creencia de que antes de 1714 Cataluña gozaba de plena soberanía fue calando en la sociedad catalana, que con el auge del Procés hizo de la Diada un símbolo independentista excluyente con la mitad de la población de la región. Especialmente tras la sentencia del Estatut por parte del Tribunal Constitucional en 2010, una parte de la ciudadanía «desconectó» de la idea de la España autonómica que tan bien recibida fue en la Cataluña posfranquista, con los exitosos JJ OO de Barcelona ‘92 como viva imagen de aquellos prósperos años, y se embarcó en un desafío unilateral que se materializó con el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución, aquel mismo otoño, el apoyo a la independencia no ha dejado de decrecer. Las grandes movilizaciones solo volvieron a verse puntualmente durante días posteriores al llamado «juicio del Procés», donde algunos de los líderes secesionistas fueron condenados por sedición, malversación y rebelión a varios años de cárcel. La pandemia del Covid-19, imposibilitando las movilizaciones de la Diada en 2020 y 2021, terminó por acabar con la más significativa exhibición de fuerza del independentismo, que ya el pasado 11 de septiembre lamentó ser solo «una sombra de lo que fue quince años atrás».
El primer ejecutivo catalán no independentista desde entonces, en marcha desde hace apenas un mes y liderado por los socialistas, ha mantenido los actos culturales propuestos por el anterior Govern de ERC para el próximo miércoles. Illa insiste, no obstante, en «recuperar» una Diada «para todos los catalanes, piensen como piensen y vengan de donde vengan» y en esta línea se expresará en el discurso institucional que ofrecerá el presidente en la televisión pública el martes por la noche. Muchos constitucionalistas, en cualquier caso, aseguran sentirse «apartados» de esta celebración tras «tantos años de politización». Tanto el PP como Vox, haciéndose eco de este malestar que genera la Diada entre buena parte de la sociedad catalana, proponen desde hace varios años que el día de Cataluña –es festivo en la región el próximo día 11– sea el 23 de abril, el día de Sant Jordi, “un día que sí es de todos”.
