La delegación andorrana de Plataforma per la Llengua exige ahora al Gobierno de este país que legisle para obligar a los comerciantes y a sus trabajadores a dirigirse a sus clientes en catalán, pese a la naturaleza eminentemente turística de sus visitantes.
En Andorra, el catalán no está amenazado, al ser la única lengua oficial y ser obligatoria en el trato con la administración pública, pero el independentismo radical sigue con esta idea sobre el uso del castellano en los comercios.
Esta entidad se dedica a denunciar en redes a trabajadores, dependientes, camareros y todo tipo de personal que atiende al público para que no se dirijan a los clientes en español, sino en catalán. A muchos los señala en redes y les crean dificultades con sus superiores. Es la asociación más importante dedicada al chivateo lingüístico.
