La trama ERE tiene un origen: el 23 de febrero de 1999, con una empresa de chorizos de Jaén en crisis llamada Cárnicas Molina y con elecciones municipales, y al año siguiente autonómicas, a la vista. Fue el punto de partida para más de una década en la que parte del dinero de los parados fue a parar a intrusos entre los que llegaron a estar el chófer o la suegra del alto cargo que «asaba la manteca», Francisco Javier Guerrero, quien acuñó los términos «fondo de reptiles», para referise a la partida 31L, y «las criaturitas» para definir a los, en principio, destinatarios. El ex alto cargo, antes de fallecer durante el proceso judicial, ya condenado, siempre defendió que era una suerte de «señor Lobo» que resolvía los problemas que se le encargaban. Duró en el cargo casi diez años porque era «un profesional de lo suyo». En la administración se conocían y permitían sus «particularidades», como su afición, como él reconoció, por los «gin tonic y el Marlboro», que el que fuera presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, elevara a la categoría de «chorizo, drogadicto y putero». La paz social reinaba en Andalucía mientras el PSOE ganaba elecciones. Todas las instancias judiciales recogen el total de las partidas durante los años de mandato socialista –679 millones– como el alcance de la trama, por más que ahora se empiece a limitar a unos 200 que no habrían ido a parar a destinatarios legales. El Constitucional, con la admisión de los recursos, viene enmendando la plana al resto de instancias judiciales, pinchando el «caso ERE» y abriendo la puerta a «la impunidad», en palabras de los jueces discrepantes en su voto particular, y al indulto de facto. El 16 de julio se revisará la petición de Chaves y Griñán y el PSOE andaluz, tras años dando la espalda a sus ex altos cargos, después de que hasta la ex presidenta Susana Díaz pidiera perdón, evidencia ya el relato de victimismo como argumento del relato para abordar el retorno a la Junta de Andalucía.
Pedro Sánchez ya anticipó el contenido de la respuesta al recurso de Magdalena Álvarez en un mitin, acrecentando la sospecha de parcialidad y sin que ninguno de los jueces del TC se pronunciara públicamente. No hay precedente, y así lo dicen los votos particulares, en que el TC revoque una sentencia mediante la reevaluación de la prueba y la reinterpretación de los tipos penales. No ha sucedido nunca y pasa ahora con los ERE. Los magistrados del TC por su naturaleza son de extracción política, en la justicia ordinaria son independientes y, por ello, se reservaba esta función de juzgar para ellos, para evitar el riesgo de que el TC se convierta en una cámara de impunidad. Los hechos que recogen las sentencias: se diseñó un sistema para despilfarrar millones de euros de manera arbitraria y que llegó a los afines del PSOE para comprar voluntades políticas. Las zonas donde llegaron esas ayudas no prosperaron ya que en la práctica se desincentivaba la actividad con esas ayudas. «Casi todo en los ERE estaba fuera de medida. Si no había documentación se anotaba en un post-it para «agilizar». Así se llegó a la partida 31L. La instrucción de los ERE por parte de la jueza Alaya pudo influir en los posteriores resultados electorales de forma explícita –aunque el PP no alcanza la Junta enero de 2019– pero, de manera implícita, el desarrollo de la trama influyó durante décadas. Con Chaves se llegó a tirar del «fondo de reptiles» a un mes de los comicios de 2004. Aunque en el juicio desgranó que como presidente no conocía los detalles, el caso de los ex trabajadores de la extinta empresa de detergentes Bilore de Lucena (Córdoba) sirvió de ejemplo de cómo la partida 31L fue usada para apaciguar la conflictividad laboral. El ex presidente Griñán aseguró en su declaración que se enteró de las ayudas al estallar el escándalo, pero admitió que los pagos eran «en algunos casos censurables». «La Intervención siempre ha considerado que las transferencias eran inadecuadas pero legales», dijo. El ex presidente apuntó de lleno a la Consejería de Empleo, hablando de «una mala ejecución del gasto».
«El crédito jamás delinque», siempre ha sostenido el ex presidente José Antonio Griñán, autor también de otra máxima en torno al caso: «Hubo un gran fraude pero no hubo un gran plan», algo que la Justicia tumbó con resoluciones de 20 jueces y la salvedad de dos votos particulares… hasta ahora. El camino abierto tras aceptarse el recurso de la ex consejera andaluza Magdalena Álvarez es el del «lifting» judicial, dando paso al a excarcelación de condenados. Las sentencias han reconocido hasta ahora un total de 62 millones recogidos en sentencias judiciales y otros 134 pendientes en las piezas judiciales activadas. «El caso ERE es y seguirá siendo el caso de corrupción más grande de España. Todo lo demás es desinformación», subrayó Juanma Moreno. El Constitucional queda dividido en dos. Los cuatro magistrados que se han opuesto a anular las condenas señalan que la decisión de la mayoría progresista de la corte de garantías causa un daño institucional difícilmente reparable: «Esto equivale a consagrar un ámbito de impunidad que sí nos parece contrario a la Constitución». Se trata de la primera vez que se cuestiona el delito de prevaricación en el «caso ERE». Las dudas siempre giraron en torno a la malversación pero ahora el Constitucional ha hecho suyo –de forma genérica, critican los votos particulares– el argumento de las defensas. Ni el voto particular del Supremo puso en duda la existencia de la prevaricación en la concesión de ayudas sociolaborales mediante un sistema «ad hoc» al margen del procedimiento administrativo legalmente establecido. En contra de lo que señaló Griñán a la salida del Supremo, la Justicia hasta ahora había entendido que los ERE no sólo fueron «un gran fraude» sino también «un gran plan». Puede que no existiera el «club de los ERE», en definición del ex viceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez, pero el Supremo, en contra de los que dijo el ex presidente andaluz, también corroboró que en tanto se creo un sistema para eludir los controles sí hubo también «un gran plan» que ahora el TC está conduciendo hacia el indulto de facto.
