El juez de instrucción del “caso Koldo”, Ismael Moreno, ha pedido en una nueva providencia al Ministerio de Transporte que se le haga llegar el contenido de la auditoría encargada por el ahora ministro, Óscar Puente, a fin de tener todos los datos de los expedientes de los dos contratos de compra de mascarillas que se adjudicaron a la empresa Sociedad de Gestión y Apoyo a Empresas.
Ordena así el magistrado del Juzgado de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional que le sea remitida una copia certificada del informe y, asimismo, pide que se identifiquen a los funcionarios que se encargaron de llevar a término la auditoría sobre las adjudicaciones a la presunta trama de comisiones ilegales.
La auditoría relevó que el predecesor de Puente en el Ministerio, José Luis Ábalos, firmó la orden de duplicar la cantidad de mascarillas en la primera compra a la empresa de la trama, Soluciones de Gestión, con un margen de apenas 38 minutos.
El 20 de marzo de 2020, en los peores momentos de la Covid, el exministro Ábalos aumentó la cifra de estas medidas de protección de cuatro a ocho millones de unidades.
Contradiciendo, además, la estimación entregada un día antes sobre la necesidad de mascarillas para los siguientes quince días que había encargado en el Ministerio y que había colocado la cifra en estos cuatro millones iniciales.
Al día siguiente, como recoge detalladamente el informe, se remitió a las 19:55 horas de la tarde la orden firmada por el entonces ministro Ábalos por la que se regulaba “la adquisición y distribución de un máximo de cuatro millones de mascarillas” por parte del Ministerio de Transportes que dirigía.
Poco después, a las 20.33 horas, desde el mismo buzón se remite una nueva orden firmada por el exdirigente socialista que anulaba la anterior, y en la que “se regula la adquisición y distribución de un máximo de ocho millones de mascarillas” por parte de este Ministerio.
Otro de los imputados, el ya exsubsecretario de Estado Jesús Manuel Gómez señaló a la antigua mano derecha de Ábalos como ministro, Koldo García, como el que puso sobre la mesa que la sociedad proveedora relacionada con las presuntas comisiones ilegales “suministraba 8 millones o nada”.
El que era entonces número tres de Transportes entendió, tal y como refleja el informe que dijo, “que esta decisión venía avalada por el ministro pues, de hecho, la nueva orden para adquirir un máximo de 8 millones de mascarillas vino firmada por él”.
La auditoría resuelve respecto a este extremo que “esta modificación en el objeto de la emergencia no se ajusta a los criterios exigibles en una tramitación de estas características” dado que se considera “no adecuadamente resuelta la justificación del alcance de la emergencia”, en relación a la cantidad de mascarillas a adquirir.
Ya que recuerda que los contratos tramitados como de emergencia “debe limitarse a lo estrictamente indispensable en el ámbito objetivo y temporal para prevenir o remediar los daños derivados de la situación de emergencia”.
Por lo que, ante este cambio con poca distancia temporal, en el informe se reprocha que no parece justificarse que, habiéndose estimado una necesidad de 4 millones de mascarillas para 15 días naturales, que era la duración inicial del estado de alarma, en menos de 40 minutos.
En otro punto el informe aborda esta considerada falta de control inicial en la forma de proceder en el seno de Transportes en la época de Ábalos, y, particularmente, el papel que desempeñó el entonces asesor más próximo al que fuera también secretario de organización del PSOE.
