El juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 32 de Madrid ha acordado mantener la medida cautelar del pasado 31 de julio por la que se suspendía de forma temporal el acuerdo del Ayuntamiento de Fuenlabrada sobre la reversión de la cesión de los terrenos de La Cantueña, cuya titularidad corresponde a la Comunidad de Madrid y donde se ubica el centro de menores migrantes abierto hace unas semanas.
Así consta en un auto del 7 de octubre, al que este jueves ha tenido acceso Europa Press, por el que se acepta la medida cautelar solicitada por la letrada del Gobierno Regional de suspender el acuerdo de la Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de Fuenlabrada (donde gobierna el PSOE) del pasado 26 de julio, en la que se aprobó poner fin a la cesión del espacio Cerro de la Cantueña de la Comunidad de Madrid para revertir así la titularidad de dicho centro al Consistorio.
El juez expone en el auto que “sí se aprecian razones objetivas, ciertas y manifiestas que permiten apreciar en el caso analizado la producción de daños de reparación imposible o difícil”, en caso de que se revirtiera el uso actual como centro de menores.
Tras la confirmación de la cautelar conocida este jueves, ahora falta conocer la sentencia definitiva acerca del caso, en una batalla judicial que se ha prolongado durante todo el verano.
A principios de junio, el Ayuntamiento de Fuenlabrada precintó las obras en el espacio medioambiental de La Cantueña en cumplimiento del decreto municipal de paralización de las mismas. Pero el día 21 del mismo mes, una juez avaló la continuidad de las obras para construir el centro de menores ante “la presión migratoria”.
Los primeros menores migrantes llegaron a La Cantueña el último fin de semana de septiembre, según lo anunció la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, quien, unos días más tarde, explicó que el centro estaba funcionando “con total normalidad”.
La ubicación del centro de primera acogida de menores migrantes de la Cantueña ha suscitado polémica en las últimas semanas, ya que se encuentra en el polígono de Cobo Calleja, alejado de viviendas, institutos o parques y rodeado de vías de circunvalación.
El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, calificó hace tres semanas de “inhumana” la decisión de “abrir un centro de menores en un polígono industrial”. “Es una decisión unilateral de la presidenta de la Comunidad de Madrid y en contra de la voluntad de los vecinos, de los empresarios y del interés del menor”, expresó Martín.
