El juez del “caso Koldo” quiere que la Guardia Civil le informe del resultado del análisis de los dispositivos incautados el pasado febrero a los principales investigados de la trama. A instancias del PP, que ejerce la acusación popular, Ismael Moreno ha pedido a la Unidad Central Operativa (UCO) que le aclare “el número exacto de evidencias digitales intervenidas”, del estado del clonado (copia de su contenido) y de la “extracción de información de los mismos”.
En una providencia, el instructor acuerda la medida con el visto bueno de la Fiscalía, que recuerda que desde que el pasado 14 de mayo la UCO avanzara las conclusiones del análisis de la información obtenida en esos registros “no se ha dado cuenta del número exacto” de dispositivos intervenidos ni de la información que contienen. De ahí que el fiscal Anticorrupción Luis Pastor respaldase el pasado 27 de septiembre la petición del PP de solicitar a la UCO todos esos datos.
En su solicitud, la acusación popular argumentaba que transcurridos más de siete meses desde esos registros realizados el 20 de febrero, y cuatro meses desde el informe de la UCO, “no se ha tenido noticia sobre el número exacto de dispositivos intervenidos”, sobre la situación del clonado y, tampoco, “del resultado de algún análisis que se haya podido realizar de dichos dispositivos”.
El PP recordaba que la Guardia Civil informó a la Audiencia Nacional el pasado 14 de mayo de que el número de dispositivos informáticos intervenidos a la supuesta trama superaba los 170, aunque los agentes precisaban que no podían facilitar la cantidad exacta “por haber bolsas de precinto con más de un dispositivo”. En esas fechas, se habían extraído la información de 76 de ellos.
La cantidad ingente de efectos informáticos pendiente del clonado llevó incluso a la UCO a anticipar que sería necesario, apuntaba la acusación, “el apoyo técnico de Europol para agilizar las tareas de clonado y extracción de la información”. De ahí que solicitara al juez el pasado 16 de septiembre que instara a la UCO a que “actualice” toda la información relativa a esos dispositivos.
En la providencia en la que el instructor acuerda la medida, también pone fecha a las declaraciones como testigos del comisario jubilado José Antonio Rodríguez González, alias “Lenin”, ex director general de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad y hombre de confianza del ministro Grande-Marlaska, que comparecerá el próximo día 14 en la Audiencia Nacional, el mismo día que testificarán las dos inspectoras del Ministerio de Transportes autoras de la auditoría encargada por el ministro Óscar Puente sobre las adjudicaciones a Soluciones de Gestión investigadas en esta causa.
Rodríguez González ha sido citado a declarar a instancias de la Fiscalía Anticorrupción después de que Daniel Belmar, ex subdirector general de Planificación de la Secretaría de Estado de Seguridad, asegurase al juez que fue Rodríguez González el que le puso en contacto con Soluciones de Gestión, la empresa de la “trama Koldo” que acabaría suministrando mascarillas a Interior tras las adjudicaciones de Puertos del Estado y de Adif.
El día 21, el juez interrogará -tal y como pidió la Asociación Liberum- a Rafael Milla, propietario de Raminatrans, la empresa de logística que se encargó de repartir las mascarillas una vez llegaron en avión desde China; a Jorge Meaba, jefe del área de Presupuestos y Contratación de la Dirección General de Transportes; y a Julio González, secretario general de Correos, la sociedad estatal que recepcionó parte del material sanitario. Ambos deberán aclarar la ausencia de albaranes y de actas de recepción en la entrega del material sanitario.
El juez Moreno no ha accedido, sin embargo, a que, como pretendía Vox, se reclame a Presidencia del Gobierno las actas de los Consejo de Ministros celebrados entre el 2 de enero y el 31 de agosto de 2020 y el 31 de agosto sobre las contrataciones relacionadas con la pandemia; y a las del Comité de Evaluación y Seguimiento de la Covis-19 y del Comité de Coordinación Interministerial. Para el magistrado dar ese paso “convertiría este procedimiento en una causa general sobre las adjudicaciones de suministro de material sanitario realizadas durante la pandemia”.
Asimismo, rechaza imputar a Daniel Belmar y abrir una pieza separada para ordenar la incautación de sus teléfonos porque “las meras contradicciones entre lo declarado en sede judicial y lo declarado en sede policial no son fundamento bastante para el cambio de situación”.
