La campaña que ha desatado la izquierda política y mediática contra el juez Peinado es impresentable. Estamos ante otro caso escandaloso de utilización política de la Justicia, lo que la izquierda populista iberoamericana llama lawfare, por la vía de intentar amedrentar y descalificar a un magistrado que no hace otra cosa que cumplir sus obligaciones jurisdiccionales. Es interesante la irrupción de estos neojuristas mediáticos formados en Wikipedia y amantes de los argumentarios. Me fascina el conocimiento jurídico que intentan mostrar sin haber estudiado Derecho. Otros son fervorosos seguidores del uso alternativo del Derecho que defendían la inconstitucionalidad de la amnistía y ahora dicen lo contrario. Es insólito cuando lo hacen miembros del Gobierno que intentan hacer méritos ante su presidente. Están en su derecho a la hora de defender la inocencia de Begoña Gómez, pero no es necesario cuestionar la profesionalidad de un magistrado que tiene una trayectoria intachable. Ni puede ni debe defenderse, pero es vergonzoso que intenten presentarlo como un agitador político que quiere influir en las elecciones. Por cierto, los españoles no somos tontos y tenemos el suficiente criterio para ir a votar sin que nos influyan las desesperadas maniobras del sanchismo.
Nunca criticaré el derecho que tiene Sánchez de defender la inocencia de su mujer. Ni siquiera su fervor epistolar, aunque agradecería que lo sustituyera por ruedas de prensa con preguntas o por la comparecencia de Begoña Gómez. Estoy convencido de que es una profesional que puede defenderse sin la ayuda de este cansino coro de papagayos que repiten los argumentos de la última carta del presidente del Gobierno. No tengo una buena opinión de la estrategia que han adoptado en su defensa jurídica o comunicativa. La vida me ha enseñado que lo mejor es coger al toro por los cuernos, con permiso de Urtasun, e ir con la verdad por delante. Cuando era director general de Relaciones con las Cortes me vinieron a ver a mi despacho varios ministros con un problema tan complicado como delicado. Me limite a preguntarles si teníamos algo que esconder y tras conocer la respuesta dije que diéramos toda la información, aunque preservando la confidencialidad, a la que legalmente estábamos obligados, de las empresas afectadas. La solución nunca es linchar a un juez o atacar al mensajero. Es tan obvio que no merece ningún comentario adicional.
Francisco Marhuenda es catedrático de Derecho Constitucional e Historia de las Instituciones (UNIE).
