El problema de acceso a la vivienda se ha convertido en España en el principal lastre para el bienestar de las familias y para las expectativas de futuro de los jóvenes. Se ha enquistado tanto que, incluso con herramientas como la ley de vivienda de 2023, va a costar salir del agujero. El malestar es grande y ha comenzado a aflorar con protestas contra el turismo, identificado como uno de los factores que contribuye al desaforado aumento de los precios y a la expulsión de los residentes del centro de las ciudades. Para este otoño hay convocadas movilizaciones en diferentes puntos del país, entre ellas, una en Madrid el 13 de octubre con el lema “la vivienda es un derecho, no un negocio”.
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