Es lunes 13 de mayo, y Teresa Rabal está a punto de comer. “Reventada” como está, necesita un respiro tras dos semanas de protestas para lograr que el Ayuntamiento de Alpedrete, gobernado por el PP y Vox, reponga el nombre de sus padres, Francisco Rabal y Asunción Balaguer, en una plaza y un centro cultural, respectivamente. Entonces, suena el teléfono. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, está al otro lado de la línea. Y parece indignada. Unos minutos después, Juan Rodríguez, el regidor conservador de este pueblo de 15.312 habitantes, siente lo mismo que un peso pluma frente a un peso pesado: queda noqueado porque Ayuso publica un tuit recriminándole su decisión. Game over. Fin de la partida. Rodríguez, que lleva semanas sin atender las peticiones públicas y privadas de que dé marcha atrás, rectifica. Su autoenmienda, piensa la familia Rabal Balaguer, afecta a toda España: el recuerdo de las protestas, dicen, quedará como advertencia para el siguiente político que se plantee hacer algo similar.
El poder de un e-mail: así intervino Ayuso para que el alcalde de Alpedrete repusiera las placas de Francisco Rabal y Asunción Balaguer
