Pedro Sánchez ha echado el freno con la amnistía y ahora rechaza publicarla inmediatamente en el Boletín Oficial del Estado para evitar que pueda empezar a aplicarse en plena campaña electoral de las europeas. Sánchez es consciente de que un regreso de Carles Puigdemont antes del 9 de junio puede perjudicar los intereses electorales del PSOE en las urnas, pero también en el proceso de investidura de Salvador Illa en Cataluña ya que el 10 de junio se constituye el Parlament y se prevé que posteriormente (a mediados de junio) se celebre el primer intento. Ante esta situación, el PP quiere ahondar ahora en la contradicción del Gobierno ya que evita publicar la ley de amnistía tras haber querido tramitarla por la vía de urgencia.
Por ello, en la sesión de control al Gobierno de este martes en el Senado, la portavoz del PP, Alicia García, va a preguntar por esta circunstancia a la ministra Pilar Alegría. Según han explicado fuentes del PP, la portavoz ha sustituido la pregunta que tenía inicialmente prevista y va a interrogarle sobre “por qué, si era tan urgente la aprobación de la ley de amnistía, ahora se dilata su publicación”. “El pasado jueves 30 de mayo el Pleno del Congreso levantó el veto del PP en el Senado a la Ley de Amnistía y, de esta manera, concluyó su trámite parlamentario. Desde entonces, Pedro Sánchez está demorando la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de dicha norma, por miedo a sus efectos en la campaña electoral”, añaden las mismas fuentes. “Ante esta cuestión tendrá que responder la ministra portavoz del Gobierno”, zanjan.
La ley de amnistía entró en el Congreso el 13 de noviembre e inició el recorrido parlamentario: a petición del PSOE y los independentistas, se decretó la tramitación por la vía de urgencia para reducir todos los plazos a la mitad. Sin embargo, ahora que los socialistas se han encontrado con la posibilidad de que la norma pueda perjudicarles, están demorando los plazos para que entre en vigor: la norma tiene efectos solo cuando está publicada en el Boletín Oficial del Estado (salvo que algún precepto ponga otra fecha). Por tanto, ahora mismo, por mucho que se haya aprobado definitivamente en el Congreso el pasado 30 de mayo, su aplicación está “secuestrada” por el Gobierno porque es quien tramita la publicación en el BOE y todo apunta a que lo hará tras las elecciones europeas del 9 de junio.
En este sentido, el riesgo que podía asumir el Gobierno publicando de inmediato la amnistía era que haya jueces y tribunales que levanten rápidamente las medidas cautelares y eso pudiera dejar de vuelta a Puigdemont en Cataluña. Sin embargo, ese escenario parece haberse enfriado: por lo menos en las causas que están en el Tribunal Supremo ya que es probable que se dé voz a las partes y eso dilate los tiempos. Además, tampoco está nada claro que los jueces y tribunales apliquen de la misma forma la norma y levanten las condenas y medidas cautelares que pesan sobre determinados políticos y activistas independentistas.
La decisión del Gobierno contrasta con lo que hizo hace año y medio cuando derogó la sedición: aquella ley entró en vigor tan solo 24 horas después de que se aprobara en el Senado. Ahora, con la amnistía, no se aplica el mismo criterio y eso levanta sospechas de los grupos de la oposición.
La sesión de control dará inicio al Pleno de esta semana en el Senado, que también estará marcado por una nueva proposición de ley del PP que busca convertir en profesión de riesgo a los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Esa es una reivindicación desde hace tiempo de ambos cuerpos policiales porque es una condición que sí tienen policías autonómicas. En concreto, según recoge la exposición de motivos de la ley, actualmente, los trabajadores reconocidos como de riesgo son los incluidos en Estatuto Minero,
el personal de vuelo de trabajos aéreos, los trabajadores ferroviarios, artistas, profesionales taurinos,
bomberos al servicio de las administraciones y organismos públicos, miembros del Cuerpo de la Ertzaintza,
Policías Locales, miembros del Cuerpo de Mossos d’Escuadra y Policía foral de Navarra.
La ley del PP también se aplicaría a funcionarios de vigilancia aduanera, además de Guardia Civil y Policía Nacional. Con la consideración de profesión de riesgo, los funcionarios pueden jubilarse
antes que el resto, “sin sufrir los recortes ni penalizaciones en la cuantía que perciben los que se jubilan
de manera anticipada”. “La Seguridad Social reconoce como ‘de riesgo’ aquellas profesiones que por su naturaleza ‘excepcionalmente penosa, peligrosa, tóxica o insalubre, acusen elevados índices de morbilidad o
mortalidad’, siempre que los trabajadores afectados acrediten en la respectiva profesión o trabajo el
mínimo de años cotizados que se establezca, se encuentren en situación de alta o asimilada a la de alta y
cumplan los demás requisitos generales exigidos”, añade la exposición de motivos de la proposición de ley.
