En los últimos años, España ha aumentado su presencia militar en el exterior, reforzando principalmente las fuerzas de disuasión de la OTAN en el flanco Este frente a la amenaza rusa. Sin embargo, este aumento significativo de tropas fuera de nuestro país no ha pasado por el Congreso de los Diputados para ser debatido y, en su caso, aprobado. Y eso que la Ley de la Defensa Nacional establece, en su artículo 17, que “para ordenar operaciones en el exterior que no estén directamente relacionadas con la defensa de España o del interés nacional, el Gobierno realizará una consulta previa y recabará la autorización del Congreso de los Diputados”. Pese a ello, el Ejecutivo se ha agarrado a los compromisos con los organismos internacionales para justificar este incremento, evitando así el control parlamentario, como ha ocurrido, por ejemplo, con el recién estrenado liderazgo del batallón aliado en Eslovaquia, con cerca de 800 efectivos o con los numerosos envíos de armamento a Ucrania.
Una ausencia de control parlamentario a la que el PP quiere poner fin, por lo que ha presentado una proposición de Ley Orgánica para reformar la citada Ley en lo relativo al “envío de ayuda militar al extranjero”, ya sea en forma de tropas o armamento. En concreto, tal y como publica hoy el Boletín Oficial de las Cortes Generales, el Grupo Popular en la Cámara Baja plantea, entre otros, que las operaciones militares tengan una vigencia de cinco años prorrogables o que el envío de material militar a una zona de guerra disponga de una autorización anual.
En la exposición de motivos de esta solicitud de reforma, el PP recuerda que “ni la paz ni la seguridad están garantizadas”, dejando claro que en el actual “escenario de tensiones geopolíticas, es necesario recordar que España es una democracia parlamentaria”, por lo que “debería ser el Congreso de los Diputados donde se debatiese y determinase la posición de España y el tipo de ayuda que debe prestar a nuestros socios y aliados”.
Por ello recuerda que la Ley de Defensa Nacional, en el citado artículo 17, ya establece en sus tres apartados esa obligación de solicitar la autorización de la Cámara Baja. Así, en el 17.1 lo plantea de forma genérica para “ordenar operaciones en el exterior que no estén directamente relacionadas con la defensa de España o del interés nacional”. En el 17.2, mientras, detalla que en el caso de operaciones que “de acuerdo con compromisos internacionales, requieran una respuesta rápida o inmediata a determinadas situaciones, los trámites de consulta previa y autorización se realizarán mediante procedimientos de urgencia que permitan cumplir con dichos compromisos”. Y en el caso de que “por razones de máxima urgencia no fuera posible realizar la consulta previa, el Gobierno someterá al Congreso de los Diputados lo antes posible la decisión que haya adoptado para la ratificación, en su caso”, como detalla el apartado 3 del artículo 17. En cualquiera de los tres escenarios, se exige ese debate y aprobación.
El Gobierno ha evitado el debate
Pero el actual Gobierno de coalición ha evitado pasar por el Congreso para ampliar los contingentes o lanzar nuevas misiones, entre otros motivos para evitar choques con sus socios, como Sumar, que ha criticado siempre cualquier nueva operación o aumento de los contingentes. Un ejemplo del primer caso, el refuerzo, fue, por ejemplo, el despliegue de una batería de misiles en Estonia en marzo del pasado año. Aunque la misión de este armamento era la protección de una base aérea, la ministra de Defensa argumentó que la finalidad era únicamente enseñar al Ejército estonio su manejo, señalando que iban a adquirir una similar y que se englobaba dentro de los compromisos adquiridos. Por ello, pese a las críticas de la oposición, no se debatió en sede parlamentaria. Algo que, con el tiempo, se confirmó que no era así y dicha batería se ha desplegado en otras ocasiones como capacidad de defensa y disuasión y volverá a hacerlo en los próximos meses. En cuanto a nuevas misiones, el caso de Eslovaquia es el más reciente.
De ahí que los populares denuncien en su proposición que “el actual Gobierno ha abusado de sus prerrogativas, también en este ámbito, y ha evitado cualquier debate sobre los incrementos de tropas en misiones militares, la naturaleza de las mismas o los envíos de ayuda militar que ha realizado a zonas de guerra”.
Y es que la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo defiende que “la naturaleza de las misiones o sus circunstancias pueden variar, por lo que es necesario que el Parlamento se pueda pronunciar sobre las mismas evitando que el consentimiento mostrado en un momento dado sirva para amparar escenarios diferentes a los previstos en un primer instante”. Y añade, al respecto, que “el apoyo militar a socios y aliados tiene unas implicaciones geopolíticas, logísticas y para la industria militar que requieren un análisis profundo”. Motivo por el cual recalca “la necesidad de seguir avanzando en el control parlamentario de la acción en el exterior de nuestras Fuerzas Armadas, así como en lo referente al envío de material militar a zonas de guerra”. Porque, insisten, “tanto la política exterior como la de defensa son políticas de Estado” que requieren “un mayor diálogo político”.Por todo ello, el PP ve “necesario ampliar el artículo 17 para adecuarlo a la realidad actual y proceder a una mayor participación del Parlamento”. Y lo que plantean es modificar el apartado 1 y añadir otros cinco más.
Así, al artículo 17.1 de la Ley de la Defensa Nacional se le añadiría la siguiente frase respecto a la autorización de la Cámara Baja: “La autorización tendrá una vigencia de cinco años a contar desde el día que se aprobó por el Congreso de los Diputados”.
Y estos son los nuevos apartados que se añadirían a esta norma:
17.4. “Antes de los cinco años de autorizada una misión militar en el exterior, el Gobierno deberá comparecer en la Comisión de Defensa para hacer una evaluación de la misma, explicar los objetivos alcanzados y determinar aquellos que restan por cumplir. A continuación procederá o no a solicitar una prórroga de la misión, que podrá tener una extensión máxima de cinco años renovables en las mismas condiciones”.
17.5. “En la solicitud de autorización de una misión militar en el extranjero, el Gobierno determinará el número de efectivos máximo necesario para la misma y el material aproximado para llevarla a cabo. Los incrementos de tropas por encima de ese máximo deberán ser aprobados con carácter previo a su envío por la Comisión de Defensa”.
17.6. “En caso de que no se haya solicitado la prórroga de la misión en el tiempo determinado para ello, se considerará finalizada y la autorización dada en el pasado caducada”.
17.7. “Para el envío de material militar a una zona en guerra, con carácter previo, el Gobierno deberá solicitar la autorización al Pleno del Congreso de los Diputados, dicha autorización será con carácter anual. Las renovaciones de ese acuerdo podrán solicitarse en la comisión parlamentaria correspondiente”.
17.8. “Anualmente, el ministro de Defensa comparecerá en la Comisión de Defensa de forma exclusiva y monográfica, al objeto de informar de la evolución de las misiones en el exterior autorizadas por la Cámara».
Además, se añaden dos disposiciones finales:
La cuarta establece que “en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente reforma” de la Ley de la Defensa Nacional, el Gobierno deberá solicitar la renovación de la autorización dada en el pasado a las misiones que se desarrollan en la actualidad. En caso de no hacerlo se considerarán finalizadas y perderá la vigencia la autorización dada».
Por último, la disposición adicional quinta que añadirían los populares se centra en la ayuda militar a otros países, como ocurre con Ucrania: “En el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la presente Reforma de la Ley Orgánica 5/2005, de la Defensa Nacional, el Gobierno deberá solicitar la autorización del Pleno del Congreso de los envíos de material militar a zonas de guerra comprometidos antes de la aprobación de la presente ley».
