«Son las personas las que pagan impuestos y reciben servicios públicos, no los territorios. Dada esta premisa, no es defendible que las comunidades autónomas más ricas tengan más recursos para financiar sus servicios públicos, del mismo modo que sería inadmisible que un ciudadano, por disponer de más renta y pagar por consiguiente más impuestos, recibiera servicios públicos en mejores condiciones que otro con menores recursos», señala el dictamen sobre financiación autonómica aprobado por el Parlamento andaluz. Este documento, fruto de un grupo de trabajo, fue aprobado en la Cámara autonómica en marzo de 2018 con los votos favorables de los grupos parlamentarios socialistas, popular, Podemos e IULV-CA y el voto en contra del Grupo Ciudadanos.
Esta postura común sigue hoy vigente, al menos en teoría. De hecho, en el pasado Pleno del Parlamento, el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, recordó que fueron los socialistas –con María Jesús Montero como consejera de Hacienda–, los que llevaron al Parlamento andaluz una iniciativa en contra de ese «modelo de financiación injusto» y que el PP-A, entonces en la oposición, decidió asumir «con buen criterio en el último minuto».
El problema es que la financiación «singular» de Cataluña que propone el Gobierno de España choca frontalmente con este planteamiento por muchos esfuerzos que el PSOE andaluz trate de realizar para justificar esta propuesta. El propio Espadas defendía ayer en un programa de TVE que entiende «que los catalanes planteen la singularidad de su modelo» y argumentaba que «hay que hacer posible y compatible esa singularidad con las singularidades de otros territorios».
En términos políticos, la postura del PSOE andaluz es una enmienda a la totalidad a lo que ha sido su hoja de ruta en esta materia. El texto del dictamen explica de forma contundente que «la reforma del sistema de financiación autonómica debe poner su foco en las personas y no en los territorios» y abunda en que «la capacidad fiscal de los territorios no debe condicionar de ninguna manera el cumplimiento de la equidad en la prestación de servicios públicos».
Incidiendo en este aspecto, señalaba en 2018 que «una comunidad con un nivel de renta relativamente bajo debe poder ofrecer los mismos servicios que otra con más renta».
Izquierda Unida tampoco lo tiene fácil en defender este cambio de guió. Su actual líder, Antonio Maíllo, participó en el grupo de trabajo de 2018 en el Parlamento y ahora trata de mostrarse equidistante entre defender «la solidaridad entre territorios» y criticar a los que «enfrentan» a las comunidades autónomas porque es un «error».
El de la «singularidad» no es el único criterio que ahora se introduce en el debate sobre financiación que atenta contra los principios que ha defendido casi de manera unánime el Parlamento andaluz desde 2018. La consensuada postura andaluza –solo Ciudadanos votó en contra, que ya no tiene representación, y Vox aún no estaba en la Cámara autonómica aunque al no creer en el Estado de las Autonomías suele desmarcarse de estos asuntos– también rechaza el principio de ordinalidad. Este concepto se refiere a la pretensión de ordenar a las comunidades autónomas en términos de financiación per cápita respetando el ranquin de las mismas en términos de capacidad fiscal, una propuesta defendida por el PSC de Salvador Illa. Básicamente, supone que quién más aporte, más reciba, otra forma de acabar con la redistribución de la riqueza entre comunidades ricas y regiones más pobres.
A todo ello, hay que sumar que el Gobierno de España a través de la vicepresidenta María Jesús Montero, también ha asumido un principio que rechaza el Parlamento andaluz: el desigual reparto del déficit entre el Ejecutivo central y las comunidades autónomas. «Cualquier proceso de descentralización fiscal requiere una adecuada reasignación de los recursos a disposición del Estado (incluyendo el déficit) hacia los diferentes niveles de gobierno, de acuerdo con las competencias de gasto que tiene encomendadas cada uno», se explica en el dictamen. Esto ha saltado por los aires con la desigual responsabilidad asumida este año: un 3% para la Administración Central –era del 2,7% antes de que el Senado rechazara la senda aprobada– y de equilibrio presupuestario para las comunidades autónomas –un 0,1% fue la «generosa» propuesta del Ministerio de Hacienda–.
La financiación no es más que el dinero con el que cuentan las comunidades autónomas –como gestoras de esos fondos públicos–para pagar los servicios sanitarios, educativos y sociales de los ciudadanos. Si se premia a unas y se perjudica a otras, lo que se está haciendo es discriminar a las personas que viven en ellas. De ahí que, al menos en 2018, se mantenía que «los impuestos los pagan las personas y no los territorios».
