La acusación popular que ejerce el PSOE en el caso de la caja b que financió al PP durante casi 20 años (1990-2009) envió un escrito el pasado 19 de agosto al Tribunal Supremo en el que solicita que estudie la documentación que obra en poder de un juzgado de Tarragona sobre las supuestas maniobras del ministerio de Hacienda, dirigido entonces por Cristóbal Montoro, para enfrentarse al juez Pablo Ruz ―instructor del caso Bárcenas― y evitar así al PP una condena por delito fiscal. Mientras que el juez Ruz pedía a los peritos de Hacienda que le informasen de la cuantía del fraude del PP por no tributar por las donaciones ilegales que ingresó; los responsables de Hacienda discreparon del juez para defender que esas donaciones ilegales no tenían obligación de declararse en el impuesto de Sociedades.
