El mejor amigo del hombre, como sostengo desde hace muchos años, no es el perro sino el chivo expiatorio. El progresismo barcelonés ha adoptado plenamente la absurda idea de que los culpables del encarecimiento de las viviendas son los pisos turísticos, y en el Ayuntamiento han decidido cortar por lo sano: pretenden nada menos que acabar con todos ellos en un lustro. Sano chivo progresista.
El disparate en tan mayúsculo que hasta los maîtres à penser del diario El País no se han atrevido a aplaudirlo sin titubear. Es que habrá «un complejo recorrido judicial», por esa antigualla denominada propiedad privada, o igual es que hay otras causas del encarecimiento de los pisos, dicen, sin precisar nunca que es el intervencionismo político, pero de todas maneras aprueban dicho intervencionismo, porque es que hay empresas que, en entrañable devaneo de Xavier Vidal-Folch, son «en ocasiones demasiado especuladoras».
Los autodenominados progresistas podrían fijarse en la realidad. Un mínimo de atención bastaría para que sospecharan que la prohibición no bajaría los precios sino que los aumentaría al restringir la oferta legal, y fomentaría el mercado negro.
Ya si quieren enterarse podrían reflexionar sobre las diversas facetas del intervencionismo que, como vienen denunciando los economistas desde hace al menos un par de siglos, suele tener consecuencias no previstas ni deseadas.
Benito Arruñada lo subrayó con su habitual destreza en The Objective en un artículo titulado: «La vivienda escasea porque así lo queremos». Queremos, por ejemplo, que no haya desahucios, y el resultado es que cae la oferta y suben los precios, dañando sobre todo a los más vulnerables.
Prohibir los pisos turísticos empeorará aún más las cosas, que podrían mejorar si se atendiera a lo que los biempensantes progres sistemáticamente ignoran: los costes. Casi el 30 por ciento del precio final de la vivienda nueva son impuestos, recuerda Arruñada, que recomienda que seamos conscientes de nuestras preferencias y sus costes: «Todo sería más llevadero si entendiéramos que nada es gratis, y fuéramos menos contradictorios. No queremos construir en altura; ni derribar viejos edificios; ni construir en los pocos solares que permanecen vacíos; ni transformar en viviendas los antiguos edificios administrativos, industriales y de oficinas. Vale. Pero aceptemos entonces que, bajo ese cúmulo de restricciones, la vivienda tenderá a encarecerse bajo cualquier régimen regulatorio».
