El presidente del Senado, Pedro Rollán, una de las dos cámaras en las que reside la representación de la soberanía nacional, apela en la entrevista que hoy publica LA RAZÓN a la profesionalidad y el espíritu de servicio de los magistrados del Tribunal Constitucional para que restauren el derecho de veto al techo de gasto del Estado, arrebatado mediante una enmienda incongruente, introducida a impulso del Gobierno en la Ley de Paridad. Señala Rollán la docena larga de precedentes en las que el Constitucional estimó recursos similares y confía en una pronta restitución de la función fiscalizadora de la Cámara Alta.
Entendemos, por supuesto, que una de las autoridades del Estado no quiera ir abiertamente al choque institucional, pero, en ciertas ocasiones, como en la presente, los silencios adquieren la virtud de la elocuencia. Porque la descarnada realidad es que de la misma manera que la mesa del Congreso se ha convertido en una caja de resonancia de la voluntad del Ejecutivo, cualquier español sabe que es ingenuo pretender que un TC conformado a semejanza ideológica del Gobierno, es decir, con una mayoría «progresista» de siete jueces a cinco, vaya a frustrar los intereses gubernamentales.
Es más, desde esos mismos ámbitos, caso del inefable ministro de Transportes, Óscar Puente, se permiten pronosticar el sentido de unas resoluciones, como la constitucionalidad de la ley de amnistía, que más allá de posicionamientos ideológicos son objeto de profundas discusiones y discrepancias en el mundo jurídico y entre los profesionales del Derecho, tanto españoles como europeos, que aconsejarían una mínima prudencia declarativa. Pero no. Una de las peores características del sanchismo es la asunción paladina de que no existe posición legítima cuando se cuestionan los postulados gubernamentales.
Y esa idea impregna las relaciones de La Moncloa con el resto de las instituciones del Estado, que o se avienen, caso de la Mesa del Congreso; se reforman por la mayoría aritmética parlamentaria o, simplemente, se ningunean.
Así, como denuncia Rollán, no importa que la composición del Senado, con mayoría absoluta del Partido Popular, haya surgido de las mismas urnas legítimas que conformaron la mayoría de la investidura de Pedro Sánchez, ese conglomerado de partidos que hemos dado en llamar Frankenstein, porque al no responder a la voz del amo, pasan a situarse a extramuros del sanchismo, no importa la función que le asigne el ordenamiento constitucional. Los métodos son variados, como guardar las iniciativas legislativas de la Cámara Alta en un cajón, para ni siquiera tener que debatirlas, o la presión sostenida sobre jueces y magistrados en el ejercicio de sus funciones, una vez que la resistencia numantina de Núñez Feijóo impidió una reforma de la Justicia ad hoc.
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