El Tribunal Supremo pone punto final a un asunto que llevaba años sobre la mesa. En varias sentencias conocidas este viernes, dictamina que el tramo autonómico del impuesto sobre hidrocarburos es ilegal, en línea con la postura del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), que se había pronunciado en este sentido el pasado mayo. Esta figura entró en vigor en 2013, cuando estaba el PP en el Gobierno y las arcas públicas aún tiritaban por la sacudida de la crisis financiera. Estuvo en vigor cinco años, hasta 2018, periodo en el cual fue recurrido y los tribunales decidieron plantear la cuestión a los jueces europeos. El fallo del Alto Tribunal abre ahora la puerta que se soliciten las devoluciones de los importes, pero dispone que solo las empresas puedan reclamar la devolución. Antes de que se conociera el fallo, el Ministerio de Hacienda había estimado un impacto potencial de 5.800 millones de euros.
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