El independentismo está exultante esta mañana. Se ha visto en los discursos en el debate celebrado en el Congreso de los Diputados, en las fotos sonrientes de sus representantes y en la exageración de los abrazos de quienes entienden que la ley de amnistía aprobada con el PSOE es otro paso más en su camino hacia la independencia. El PSOE habla de normalización y convivencia, el soberanismo de primera gran victoria sobre el régimen del 78.
Pero la clave de lo que ha ocurrido esta mañana en el Congreso de los Diputados es que la ley, una vez publicada en el BOE, pasa a quedar en manos de los tribunales. Y si los tribunales no se comportan conforme a lo que los independentistas esperan, que es lo que va a ocurrir, el PSOE puede hablar de law fare, pero los socios pedirán explicaciones a quienes dirigen La Moncloa. La ley de amnistía pasará de inmediato a la sanción y promulgación por el Rey, sin que vaya a haber ninguna sorpresa en el acto, y se publicará en el BOE, una secuencia que coincidirá con la recta final de la campaña de las elecciones europeas.
Y a partir de ahí entra en juego la Sala Segunda del Tribunal Supremo, encargada de tomar las decisiones inmediatas para su aplicación. Resulta que lo que sale de esa instancia judicial es que ven más motivos para su no aplicación que para su aplicación por razones técnicas y, especialmente, en lo que afecta a los delitos de malversación agravada y terrorismo. Oriol Junqueras tiene asumido, por lo que han sondeado en el Supremo, que tendrá que seguir cargando con su pena de inhabilitación y que, en consecuencia, mejor que no haya elecciones a corto plazo porque no tienen ni líder con las que afrontarlas. La ambición del Gobierno y del independentismo de hacer borrón y cuenta nueva también con las dos causas abiertas por terrorismo (Puigdemont y CDR) y por los contactos de la Generalitat con la Rusia de Putin, no tiene tampoco mucho visos de salir adelante.
Para Sánchez, empieza una nueva travesía en el desierto cargando a cuestas con las consecuencias de la ley de amnistía, y sabiendo, además, de los riesgos que se le están abriendo en la partida que ahora mismo está jugando se libra en la Generalitat de Cataluña. Ojo a los movimientos dentro del PSC, a las reuniones que se están produciendo, y al aviso que ya lanzan desde Barcelona a Madrid de que hay que elegir, o salvar a Sánchez o salvar a Salvador Illa.
En el Supremo están decididos a formalizar una cuestión prejudicial, sobre todo o sobre una parte de la ley, ante el Tribunal de Justicia Europeo, y en ese caso la norma quedará suspendida hasta el caso de inadmitirse o, en caso de admitirse, hasta el fallo, que puede tardar algo menos de un año.
Por eso las celebraciones de los negociadores de esta mañana tienen bastante de impostado. Han roto los consensos constitucionales, pero los resultados de una decisión tan osada no están todavía nada claros. Ni los beneficios que se lleva cada parte.
