La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, encargada, entre otras cosas, de investigar y juzgar la corrupción de la clase política, tiene una norma no escrita por la que evita hacer públicas las sentencias o resoluciones judiciales que afecten a dirigentes o partidos en periodos electorales. El magistrado Enrique Ruiz Vadillo, fallecido en 1998, impulsó esa costumbre en 1994 con el acuerdo de todos los magistrados cuando presidía la Sala. Desde entonces, según explican a EL PAÍS magistrados del Supremo, esa norma no escrita se cumple habitualmente. Por eso, la Sala de lo Penal ha aplazado la redacción y publicación de la sentencia sobre los diez recursos presentados contra el fallo de la Audiencia Nacional que en 2021 condenó al extesorero del PP Luis Bárcenas a dos años de cárcel por pagar con dinero negro de una caja b una parte de las obras de reforma en la sede central del partido, en la madrileña calle de Génova, 13. Esa sentencia consideró acreditada la financiación ilegal del PP en este caso y condenó a la formación conservadora como responsable civil subsidiaria.
El Supremo tiene congelada desde abril la sentencia por la caja b del PP para no interferir en las sucesivas elecciones
