Distraer los fondos públicos de su destino para otros distintos es siempre una vergüenza que merece las condenas penales previstas en la Ley y así se ha hecho con sus autores. Eso nada tiene que ver con denunciar que se condene a quien de ningún modo es responsable de acuerdo con el Código Penal. Eso es lo que aquí se debate —defender la presunción de inocencia y la legalidad penal como derechos y principios esenciales en una democracia— y no la justa condena a sus reales y materiales autores del menoscabo. Que la inmensa mayoría de aquellas ayudas las sigan percibiendo sus beneficiarios bajo el nuevo Gobierno del PP en Andalucía prueba que esa inmensa mayoría las merecía.
El Tribunal Constitucional y las sentencias sobre los ERE: el normal funcionamiento de las instituciones (II)
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